En una audiencia clave, la fiscalía sostuvo que Cristina Fernández recibió dinero en sus domicilios como parte de un presunto esquema de pagos ilícitos que habría funcionado durante su gestión.
En la quinta jornada del juicio oral por la causa Cuadernos, la Fiscalía concluyó la lectura de la acusación contra Cristina Fernández de Kirchner, a quien señalan como destinataria final del dinero ilegal aportado por empresarios durante su gobierno. Según se expuso en la sala, la ex mandataria “recibió sumas de dinero en sus domicilios” y esas entregas habrían formado parte de un mecanismo sistemático de coimas.
El fiscal federal Carlos Stornelli, autor del requerimiento elevado a juicio, sostuvo que “la principal receptora resultó ser Cristina Elisabet Fernández, quien más allá de ser la Presidenta de la Nación Argentina, era quien tomaba posesión final de la mayoría del dinero otorgado por los privados”.
El departamento de Recoleta como supuesto centro de acopio
En el mismo documento, la fiscalía afirmó que el departamento ubicado en calle Uruguay, en Recoleta, habría funcionado como centro de “acopio” de los pagos ilegales. La audiencia comenzó alrededor de las 9.30 y selló el cierre de la lectura de las 678 páginas correspondientes a la acusación de la causa principal.
Tras un breve cuarto intermedio, también se avanzó con el requerimiento fiscal de un expediente conexo, según lo consignado por medios nacionales.
La participación atribuida a Cristina y sus ex funcionarios
Para la fiscalía, “específicamente se encuentra acreditado que Cristina Fernández recibió sumas de dinero en sus domicilios, y a través de Héctor Daniel Muñoz, de parte de los empresarios”. La ex presidenta siguió la audiencia de manera remota desde el departamento de San José 1111, donde cumple arresto domiciliario tras su condena a seis años en la causa Vialidad.
En el expediente central está acusada como presunta jefa de una asociación ilícita y por cohecho en 22 oportunidades. Durante la exposición se repasaron distintos episodios entre un total de 128 hechos vinculados al pago de sobornos, concluyendo que “los eslabones convergen así en un solo punto”, en referencia a la ex mandataria.
Una causa que abarca a 85 imputados y múltiples expedientes
El juicio, que incluye a 85 imputados, continúa bajo modalidad virtual ante el Tribunal Oral Federal N° 7, encargado de la lectura del requerimiento elaborado por Stornelli. En ese texto, la fiscalía dio por probado que durante el kirchnerismo existió una estructura destinada a ejecutar diversos “planes delictuales”.
También consideró acreditado que Fernández y los entonces funcionarios Julio De Vido, Roberto Baratta, Nelson Lazarte, Enrique Llorens y José María Olazagasti, entre otros, “recibieron y/o participaron” de pagos ilegales cuyo objetivo habría sido que los funcionarios “ejercieran sus influencias” para beneficiar a las empresas involucradas.
