
Cargar nafta costará más desde agosto, aunque el Gobierno decidió diferir parte del aumento para evitar mayor presión sobre la inflación.
El Gobierno nacional dispuso una actualización parcial de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, que comenzará a regir desde el 1° de agosto y tendrá impacto directo en los precios al público. Sin embargo, la administración de Javier Milei resolvió postergar hasta septiembre el resto del ajuste pendiente, con el objetivo de evitar un salto inflacionario.
A través del Decreto 522/2025, publicado este jueves en el Boletín Oficial, se establecieron nuevos valores para los hechos imponibles que se perfeccionen entre el 1° y el 31 de agosto.
Aumentos definidos
En el caso de la nafta sin plomo y nafta virgen, el tributo pasará a ser de $6,954 por litro (contra los $6,620 de julio) en el impuesto a los combustibles líquidos, y de $0,426 (antes $0,405) en el impuesto al dióxido de carbono.
Para el gasoil, el impuesto sube a $5,615 (desde $5,346) en el tributo principal, $3,040 (antes $2,895) en el tratamiento diferencial para ciertas regiones, y $0,640 (versus $0,609) en el impuesto al dióxido de carbono.
El ajuste se aplicará en todo el país, aunque con tratamiento diferenciado para el gasoil que se utiliza en Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, el Partido de Patagones (Buenos Aires) y Malargüe (Mendoza).
Suba del 1% en los surtidores
Con esta actualización tributaria, se espera que el precio del litro de nafta aumente en promedio un 1% en las estaciones de servicio, aunque el impacto puede variar según la petrolera y la región.
El Ejecutivo aclaró que el resto del incremento impositivo, correspondiente a ajustes pendientes de los cuatro trimestres de 2024 y el primero de 2025, comenzará a aplicarse a partir del 1° de septiembre, tanto para la nafta sin plomo, nafta virgen como para el gasoil.
Estrategia de contención inflacionaria
De este modo, el Gobierno mantiene la estrategia de escalonar los aumentos fiscales sobre los combustibles, en un intento por moderar su impacto en los precios al consumidor y en la inflación general, uno de los principales desafíos económicos de la gestión libertaria.