La abogada Mariela Peña, presidenta de la asociación Incluime, advirtió que el 30% de los beneficiarios en la provincia se quedó sin cobrar. La medida ya afecta a más de 80 mil personas en todo el país.
Una grave situación atraviesan cientos de personas con discapacidad en Santa Fe tras la suspensión masiva de Pensiones No Contributivas (PNC) por parte del Gobierno Nacional. Según denunció la abogada Mariela Peña, presidenta de la asociación civil Incluime, el 30% de los beneficiarios en la provincia no cobró sus haberes de junio, y muchos nunca fueron notificados formalmente.
“Es mucha gente que contaba con esto como único sustento y alimento”, advirtió Peña en declaraciones a LT10, donde además reclamó que las advertencias hechas a las autoridades nacionales, provinciales y municipales no fueron escuchadas.
Más de 80 mil pensiones suspendidas
A nivel nacional, el Estado dio de baja 80.080 pensiones bajo el argumento de un ahorro fiscal superior a los 23 mil millones de pesos mensuales, según estimaciones oficiales.
Las suspensiones surgieron a partir de auditorías realizadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que dio de baja a quienes no asistieron a las revisiones médicas o no entregaron la documentación exigida.
Sin embargo, Peña alertó que muchos nunca fueron correctamente notificados. “Las cartas documento se entregan en domicilio cierto, frente al titular. Muchas personas con discapacidad viven en zonas rurales o sin numeración, donde el correo no puede entregar la notificación”, explicó.
Como resultado, muchos se enteraron del recorte al momento de intentar cobrar sus haberes. “Se enteraron cuando fueron a retirar su dinero”, lamentó.
Oficinas cerradas y atención colapsada
La titular de Incluime también criticó el desmantelamiento de los canales de atención de la ANDIS: “Cerraron sus oficinas y achicaron la planta del Estado. El único canal era un chatbot que no respondía o algunos mails que nosotros difundimos desde la asociación”.
“Mucha gente fue citada a auditorías y jamás se enteró”, agregó.
“Control sí, pero con derechos”
Peña aclaró que auditar el uso de fondos públicos es correcto, pero advirtió que el enfoque actual vulnera derechos básicos: “El control tiene que ser en clave de derechos, no en clave de motosierra”.
Además, cuestionó el paradigma restrictivo con el que se evalúan las condiciones para recibir una pensión: “La Agencia evalúa con una mirada estigmatizante, como si la discapacidad solo fuera demencia o minusvalía mental. Eso achica el universo de personas con derecho a pensión”.
Reclamos judiciales y acción colectiva
Desde Incluime, están asesorando jurídicamente a las personas afectadas para que puedan enviar un descargo por correo electrónico, adjuntando DNI, certificado de discapacidad, historia clínica y otros documentos.
“Desde lo jurídico, recomendamos agotar la vía administrativa para luego iniciar acciones judiciales”, señaló.
Por último, Peña adelantó que evalúan una acción judicial colectiva: “Estamos pensando en una demanda de clase agrupando a todas las personas damnificadas por esta disposición”.
FUENTE: Uno Santa Fe
