La Provincia reportó 65 incidencias en un solo día y alertó que las amenazas constituyen delitos, con consecuencias legales y costos millonarios para los responsables.
El Gobierno de Santa Fe advirtió este lunes sobre la gravedad de las amenazas en escuelas y pidió reforzar el diálogo en las familias para prevenir nuevos episodios.
“No se trata de una broma, se trata de un delito”, remarcaron las autoridades, tras confirmar que en una sola jornada se registraron 65 incidencias vinculadas a amenazas en establecimientos educativos de la provincia.
Consecuencias legales y costos millonarios
El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, sostuvo que habrá consecuencias legales y económicas para quienes participen en este tipo de hechos.
Explicó que cada operativo de seguridad tiene un costo estimado de entre $5 y $6 millones, y adelantó que el Gobierno avanzará para cobrar esos gastos a los responsables identificados.
Además, recordó que estas conductas están tipificadas como delito de intimidación pública en el Código Penal, lo que puede derivar en sanciones judiciales.
Prevención y rol clave de las familias
Desde el Ministerio de Educación, el titular de la cartera, José Goity, convocó a fortalecer el rol preventivo tanto en las escuelas como en los hogares.
Se instó a equipos directivos, docentes y centros de estudiantes a abordar la problemática en las aulas e incorporarla como una falta gravísima en los acuerdos de convivencia escolar.
También se pidió a las familias reforzar el diálogo con los jóvenes y advertir sobre las consecuencias de este tipo de acciones.
El impacto de los desafíos virales y las redes sociales
Goity señaló que muchas de estas amenazas están vinculadas a desafíos virales en redes sociales, que alteran el funcionamiento normal de las escuelas y generan angustia en toda la comunidad educativa.
En ese marco, destacó la implementación del Programa de Educación Digital, orientado a promover un uso responsable, ético y creativo de la tecnología.
Investigación en curso y actuación judicial
Por su parte, Cococcioni explicó que se trabaja en conjunto con el Ministerio de Seguridad de la Nación y el Ministerio Público de la Acusación (MPA) para investigar tanto amenazas digitales como situaciones concretas en escuelas.
En los casos con apariencia delictiva, se realizan procedimientos que pueden incluir el secuestro de dispositivos y la intervención judicial correspondiente.
Advirtió además que, incluso cuando intervienen menores no punibles, quedan antecedentes que pueden afectar su futuro, como restricciones para obtener certificados o viajar al exterior.
Un fenómeno que pone en alerta a toda la comunidad
Desde el Gobierno remarcaron que estas situaciones no solo implican un delito, sino que también generan un alto impacto social, institucional y económico, al desviar recursos de seguridad y afectar la vida escolar.
En ese contexto, insistieron en la necesidad de construir una respuesta conjunta entre familias, escuelas, Estado y sociedad para frenar una problemática que crece y preocupa en toda la provincia.
