El Gobierno busca frenar la ejecución de una indemnización millonaria impuesta por la jueza Loretta Preska y advierte sobre riesgos para la soberanía nacional.
La Argentina presentó este lunes la apelación contra el fallo de la jueza neoyorquina Loretta Preska que obliga al país a entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos buitre Burford Capital y Eton Park, en el marco de una sentencia que exige el pago de 16.099 millones de dólares como indemnización.
El recurso busca frenar la ejecución forzosa de la transferencia de acciones, un mecanismo conocido como turnover, que implicaría la pérdida del control estatal sobre la principal petrolera del país.
Argumentos centrales de la apelación
La presentación fue realizada por abogados estadounidenses contratados por la Procuración del Tesoro, encabezada por Santiago María Castro Videla, quienes alegaron que el fallo tiene un carácter inédito en el sistema judicial de EE.UU., representa un riesgo legal y atenta contra la soberanía de un Estado nacional.
Entre los principales fundamentos, se sostiene que:
- La ejecución del fallo violaría la Ley 26.741, sancionada en 2012, que establece que cualquier cesión de acciones de YPF requiere la aprobación de dos tercios del Congreso argentino.
- YPF no es parte del proceso judicial: no tiene representación legal ni participa en las presentaciones, por lo cual es considerada por la defensa como un “botín” de un litigio entre privados y el Estado argentino.
- El fallo podría generar un “daño irreparable”, con consecuencias económicas e institucionales graves, afectando a terceros como bonistas, provincias y socios estratégicos.
- No existen precedentes jurídicos que avalen la ejecución de activos estratégicos de un Estado soberano en territorio estadounidense en estas condiciones.
Rechazo político y legal
La apelación retoma un argumento esgrimido recientemente por Axel Kicillof, exministro de Economía y actual gobernador bonaerense: “Las acciones de YPF solo se pueden entregar por una ley votada por dos tercios del Congreso”, recordó el mandatario provincial.
Además, se subraya en el escrito que incluso el propio gobierno de Estados Unidos manifestó objeciones a la interpretación legal aplicada por la jueza Preska, lo que refuerza la idea de que el fallo sienta un precedente peligroso para el sistema judicial de ese país.
Otro frente judicial: el caso Bainbridge
En paralelo, la Argentina también avanza con la apelación del fallo en el caso Bainbridge, otro litigio vinculado a la deuda en default de 2001, donde la misma jueza Preska ordenó la entrega de acciones de YPF como compensación. La defensa oficial considera que se trata de una nueva violación a la legislación argentina y una amenaza al control estatal sobre activos clave.
