El intendente de Avellaneda, Gonzalo Braidot, expresó su fuerte preocupación ante la confirmación del cierre seguro de las plantas de Vicentin en Avellaneda y Ricardone, lo que representa una grave amenaza para la estabilidad laboral y económica de la región.
Durante una entrevista radial, Braidot remarcó que la situación se ha vuelto insostenible: “Estamos pasando como sociedad por un momento crítico. Hace más de tres años y medio que este proceso concursal no encuentra una resolución, y hoy llegamos al límite”. El jefe comunal alertó que esta decisión pone en riesgo más de 180 puestos de trabajo directos en Avellaneda, además de cientos más en empresas conexas que dependen del funcionamiento de Vicentin.
Asimismo, recordó que el impacto trasciende lo local: “Estamos hablando de más de 1.200 familias en toda la provincia que podrían quedarse sin ingresos, en un contexto país sumamente delicado”. Braidot hizo hincapié en la necesidad de que la Justicia actúe con responsabilidad y deje de lado intereses políticos o sectoriales: “Debe pensar en las familias, no en los lobbies cerealeros ni en las venganzas”.
El intendente explicó que aún existe una alternativa judicial posible: “Todavía queda la opción de que la Corte Suprema de Santa Fe autorice la elevación del expediente a la Corte Nacional, que podría decidir sobre la homologación del acuerdo”, dijo. Sin embargo, advirtió que si no se actúa rápidamente, no habrá otra salida para la empresa, ya que no existen propuestas concretas ni inversores dispuestos a continuar sin garantías jurídicas.
Respecto a la situación judicial de los exdirectivos de Vicentin, Braidot fue claro: “Si se cometieron delitos, que los responsables paguen, pero no podemos permitir que eso arrastre a toda la empresa y deje a cientos de familias en la calle”.
El jefe municipal también se refirió a la deuda que la empresa mantiene con la cooperativa eléctrica local, que ya afecta la provisión de energía en el predio donde funcionan distintas firmas. Braidot informó que se está trabajando en conjunto con la Cooperativa y la Empresa Provincial de la Energía para sectorizar el servicio y evitar un corte generalizado que perjudique a otras industrias.
Por último, confirmó que mantiene contacto permanente con autoridades provinciales, incluyendo el gobernador Maximiliano Pullaro y funcionarios del Ministerio de Trabajo y Producción. Aunque aclaró que el gobierno no puede intervenir directamente en un proceso judicial, destacó la voluntad política de “acompañar a las familias afectadas y pensar alternativas que permitan salvar los puestos de trabajo”.
“Es fundamental que la Justicia entienda la gravedad social del caso. No podemos permitir que la inacción o las disputas políticas destruyan el tejido productivo del norte santafesino”, concluyó Braidot, con un mensaje firme en defensa del empleo y de la paz social en la región.
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