La expresidenta y otros ocho condenados deberán afrontar un decomiso millonario de bienes para resarcir al Estado, en un proceso judicial que recién comienza a definirse.
El fallo histórico confirmó un decomiso conjunto de más de $84.835 millones para Cristina Kirchner y los demás acusados por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. La decisión abre un complejo proceso judicial para ejecutar embargos y definir montos individuales de pago.
Multimillonario decomiso por la causa Vialidad
La Corte Suprema ratificó la condena por administración fraudulenta en la causa Vialidad, en la que se investigaron irregularidades en contratos viales adjudicados en Santa Cruz entre 2003 y 2015. La reparación económica exigida alcanza los $84.835.227.378,04, que deberán ser recuperados a través del decomiso y la ejecución de bienes embargados por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2).
Además de Cristina Kirchner, están condenados Lázaro Báez, Nelson Periotti, José López, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda, José Santibáñez y Raúl Daruich, quienes enfrentarán embargos y posibles remates para saldar el monto.
El fiscal exige acción rápida sobre embargos
El fiscal Diego Luciano solicitó a la Justicia que, en caso de que los condenados no realicen una devolución voluntaria del dinero en un plazo de 10 días hábiles, se avance con los embargos sobre sus patrimonios. Sin embargo, aún resta que el tribunal defina cuánto deberá pagar cada uno de forma individual, una tarea que estará a cargo de peritos técnicos bajo la supervisión del juez Jorge Gorini.
¿Cuál es la situación económica de Cristina Kirchner?
Según la última declaración jurada al cierre de 2023, la expresidenta reportó un patrimonio de $249.421.220, sin propiedades a su nombre, pues en 2016 transfirió sus bienes a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner. Solo conserva el usufructo de varias residencias ubicadas en Río Gallegos, El Calafate y Recoleta.
Además, posee $1.744.271 distribuidos en cuatro cajas de ahorro y bienes del hogar valuados en $1.843.496. No declaró activos en el exterior ni deudas, y consignó ingresos anuales por $97.727.008 frente a gastos por $82.109.709 en 2023.
Las asignaciones jubilatorias y pensiones que recibía están suspendidas desde noviembre pasado y continúan bajo proceso judicial.
Sociedades familiares y demandas civiles en curso
La familia Kirchner controla dos sociedades bajo investigación judicial: Hotesur, propietaria del Hotel Alto Calafate, y Los Sauces, la inmobiliaria familiar. Ambas adquiridas en la década del 2000.
Además, pesa sobre Cristina Kirchner una demanda civil iniciada en 2016 por daños y perjuicios al Estado, cuyo reclamo original fue de $22.300 millones. La demanda quedó estancada durante el gobierno de Alberto Fernández, pero ha sido reimpulsada con la actual administración, que busca actualizar el monto reclamado a cifras cercanas a los $85.000 millones, equiparando el daño económico determinado en la causa penal.
Marco legal para el decomiso y ejecución de bienes
La sentencia incluye multas y decomisos como penas accesorias. Según el artículo 23 del Código Penal, el decomiso se utiliza como mecanismo para reparar el daño al Estado. En primer lugar, los condenados deben ser intimados para el pago voluntario; de no hacerlo, la Justicia puede ejecutar bienes embargados y cualquier ingreso que tengan, formalizando legajos individuales con los activos sujetos a decomiso.
