El Ejecutivo avanza con una profunda reestructuración del área de transporte. El nuevo ente centralizará funciones de fiscalización y control de concesiones, licencias y servicios públicos viales y ferroviarios.
El Gobierno nacional resolvió la disolución de tres organismos clave del área de transporte: la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).
Además, se anunció la reorganización de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que dejará de funcionar como organismo descentralizado bajo la órbita del Ministerio de Economía.
La medida, que será oficializada en las próximas horas a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, forma parte del plan de reducción del tamaño del Estado impulsado por el gobierno de Javier Milei.
Nueva estructura: Agencia de Control de Concesiones
En lugar de los entes disueltos, se creará la “Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte”, que tendrá a su cargo todas las funciones de fiscalización y control vinculadas al transporte automotor, ferroviario y vial de jurisdicción nacional.
Entre sus funciones se destacan:
- Fiscalizar contratos de concesión de rutas y transporte ferroviario y automotor.
- Controlar la ejecución de obras viales y ferroviarias.
- Aplicar sanciones y promover acciones judiciales ante incumplimientos.
- Supervisar condiciones de seguridad, calidad y eficiencia operativa.
- Recibir y gestionar reclamos y denuncias de usuarios.
- Coordinar investigaciones técnicas y emitir informes sobre accidentes o incidentes ferroviarios.
- Recomendar la suspensión o caducidad de permisos y licencias cuando corresponda.
Además, podrá percibir tasas, derechos y aranceles por fiscalización, con aprobación previa de la Secretaría de Hacienda.
Argumentos del Ejecutivo: eficiencia y reducción del Estado
Desde el Gobierno sostienen que esta reestructuración tiene como fin “mejorar el funcionamiento del Estado Nacional y reducir su sobredimensionamiento”.
En los fundamentos se señala que el Poder Ejecutivo está facultado para modificar o eliminar funciones, estructuras y organismos cuando su mantenimiento resulte innecesario, siempre y cuando se garantice la correcta asignación de recursos si se transfiere competencia a provincias o a la Ciudad de Buenos Aires.
La medida sigue la línea de otras disoluciones recientes, como la del ENRE y el ENARGAS, que fueron reemplazados por un único ente regulador de energía.
