El magistrado se refirió al procedimiento en Venado Tuerto y valoró el trabajo conjunto entre Justicia provincial y federal para investigar vínculos entre policías y organizaciones narcocriminales.
El juez federal Aldo Alurralde se refirió a la investigación que derivó en la detención del jefe y subjefe de la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI) de Venado Tuerto, quienes quedaron bajo investigación por presuntos vínculos con una organización dedicada al narcotráfico.
El magistrado destacó especialmente la intervención coordinada de la Justicia Federal y la Justicia provincial, que permitió avanzar en una investigación de estas características y concretar los procedimientos realizados en esa jurisdicción.
“Un cambio de paradigma”
Alurralde sostuvo que durante años existió como obstáculo la sospecha de posibles encubrimientos dentro de las fuerzas de seguridad y, en algunos casos, la falta de voluntad para investigar conductas irregulares puertas adentro de las instituciones.
En este sentido, consideró que la decisión de impulsar investigaciones profundas dentro de las fuerzas representa “un cambio de paradigma” y requiere compromiso político con la transparencia.
El juez remarcó que investigar y apartar a quienes incurren en conductas delictivas no debilita a las instituciones, sino que las fortalece y permite respaldar a los efectivos que cumplen correctamente con su función.
“La mejor manera de honrar a esos efectivos es expulsar a quien verdaderamente ensucia el uniforme”, sostuvo.
Trabajo conjunto contra el narcotráfico
El magistrado también destacó la importancia de la federalización de la investigación del microtráfico, ya que permite la intervención de distintos actores de la Justicia y de las fuerzas de seguridad.
En el caso de Venado Tuerto, fiscales provinciales y federales trabajaron mediante un Equipo Conjunto de Investigación (ECI), compartiendo pruebas y elementos que posteriormente permitieron avanzar con los procedimientos.
Alurralde señaló que la participación de más actores judiciales en una misma investigación dificulta que quienes deberían combatir el delito puedan continuar desarrollando actividades ilícitas.
También remarcó que los funcionarios públicos, incluidos los integrantes de las fuerzas de seguridad, están alcanzados por el Código Penal y deben actuar con apego a la ley.
“La mayoría de las fuerzas son honestas”
El juez pidió además evitar que las conductas de unos pocos sean utilizadas para definir a toda una institución.
“La mayoría de las fuerzas de prevención son honestas”, afirmó, al destacar que miles de hombres y mujeres de las fuerzas provinciales y federales arriesgan diariamente su vida y cumplen su tarea con vocación de servicio e integridad.
En este marco, consideró que la investigación contra los dos jefes policiales no debe interpretarse como una señal de debilidad, sino como una muestra de que los mecanismos de control y la voluntad política para investigar están funcionando.
La causa continúa en investigación y se espera que próximamente avance con la audiencia imputativa y de medidas cautelares para los dos funcionarios policiales detenidos.
