Más de 15.000 personas se manifestaron frente al Congreso y en ciudades de todo el país. En Reconquista y Avellaneda también se hicieron escuchar.
El pasado 4 de junio se vivió una jornada histórica en defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Más de 15.000 personas se movilizaron frente al Congreso de la Nación para exigir el fin del ajuste que afecta al sistema de prestaciones básicas y amenaza la continuidad de miles de tratamientos y servicios esenciales.
La protesta trascendió los límites de Ciudad de Buenos Aires y se replicó con fuerza en diversas provincias como Córdoba, Santa Fe, Rosario, Tucumán y Santiago del Estero, entre muchas otras localidades.
En el norte santafesino, Reconquista y Avellaneda también fueron escenario de fuertes reclamos. En Plaza 25 de Mayo, familias, prestadores y organizaciones sociales se congregaron para denunciar la grave situación del sector. El foco estuvo puesto en el atraso arancelario del 73 %, la falta de actualización de los pagos —el último fue de solo un 0,5 % en diciembre de 2024— y el riesgo de cierre de muchas instituciones.
“No podemos permitir que la discapacidad sea invisible ni abandonada”, expresaron los asistentes, quienes advirtieron que si no hay medidas urgentes, miles de personas perderán sus tratamientos, familias quedarán sin apoyos y trabajadores del sector sin empleo.
La jornada dejó postales contundentes: pancartas, discursos y una consigna que retumbó con fuerza en cada rincón del país: “Discapacidad en emergencias. Por cada prestación que no se paga, hay un derecho que se vulnera.”
Mientras tanto, en el plano legislativo, la presión ciudadana logró su primer efecto: la Cámara de Diputados dio quórum e inició el tratamiento de un proyecto de ley de emergencia en discapacidad, que busca compensar los efectos del desfinanciamiento impulsado por el Poder Ejecutivo.
El conflicto, además de económico, es político: no hay diálogo con el Ministerio de Salud, y las prepagas continúan aumentando por encima de la inflación, mientras las instituciones que atienden a personas con discapacidad apenas logran sostenerse.
Esta movilización masiva dejó un mensaje claro: la emergencia en discapacidad no puede esperar más. Las voces de las familias, los profesionales y las organizaciones se alzaron en unidad, y ahora exigen respuestas concretas y urgentes.
