El Consejo Directivo rechazó de forma unificada el proyecto del Gobierno y anunció una marcha a Plaza de Mayo mientras la Casa Rosada demora la versión final de la iniciativa.
La Confederación General del Trabajo (CGT) reunió este jueves al mediodía a su Consejo Directivo en la histórica sede de Azopardo, convocada por los triunviros Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Arguello, con el objetivo de fijar una postura común ante la reforma laboral incluida en las sesiones extraordinarias. Tras el encuentro, la central sindical anunció una movilización para el jueves 18 de diciembre a las 15, con epicentro en Plaza de Mayo y réplicas en todo el país, que coincidirá con el debate del Presupuesto en Diputados.
Críticas al Gobierno y rechazo contundente
Durante la reunión, Sola cuestionó declaraciones oficiales y señaló que el vocero presidencial Manuel Adorni “omitió consideraciones importantes” del informe del Consejo de Mayo, en el que —según afirmó— se plantean “agresiones” hacia los trabajadores. “Claramente nos oponemos terminantemente a cada uno de los puntos que establece este proyecto. Transita por la precarización laboral y es un paso más hacia la informalidad”, advirtió.
El cotitular también planteó que el debate interno refleja “un país empobrecido, sin inversión económica”, donde los trabajadores se ven obligados a discutir “el futuro de sus hijos”.
Resistencia sindical y plan de acción
El secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, anticipó que se convocará a un plenario de delegaciones regionales para delinear un “programa de acción” y dar inicio a una “etapa de resistencia con propuestas”. Sostuvo que la CGT ya trabaja “a full” para coordinar la respuesta y que la modernización laboral será un eje de disputa en las próximas semanas.
Sola agregó que el gremio llevará su postura “a cada diputada y diputado”, explicando “por qué no puede salir esta ley” y “qué derechos quedan vulnerados”.
Una reunión marcada por tensiones internas
Fuentes sindicales indicaron que el encuentro comenzó cerca del mediodía con la “mesa chica”, para luego pasar a la sesión ampliada. Confirmaron que el borrador de la reforma llegó a manos de la central y está siendo analizado junto a abogados. El clima fue áspero: sectores mayoritarios expresaron un rechazo abierto, reavivado por la ausencia de Martínez en el último encuentro del Consejo de Mayo, donde el Gobierno presentó conclusiones preliminares de su proyecto.
Jerónimo, del Sindicato del Vidrio, fue tajante al calificar la iniciativa oficial como “regresiva” y remarcar que no existe un ámbito real de negociación. Señaló que la CGT no acompañará ningún cambio que implique retroceder derechos laborales.
Legisladores del PJ y la CGT debatieron el proyecto
En paralelo, legisladores nacionales del peronismo —Guillermo Michel, Gustavo Bordet, Blanca Osuna, Marianela Marclay y Adán Bahl— mantuvieron un encuentro con dirigentes de la CGT en la sede del Sindicato del Vidrio. Participaron Jorge Sola, Cristian Jerónimo, Carlos Molinari (Carne) y Pablo Flores (AEFIP).
Las partes analizaron la reforma laboral, la situación de trabajadores del citrus y del sector avícola en Entre Ríos, y el impacto del incremento de los gastos fijos en el poder adquisitivo. Michel sostuvo que “una reforma laboral por sí sola no crea empleo” y llamó a revisar el costo tributario del empleo registrado para avanzar en medidas que amplíen derechos y reduzcan la informalidad.
Visita al Senado y demoras oficiales
La cúpula de la CGT también fue invitada al Congreso por senadores del PJ para discutir el contenido del proyecto antes de que llegue a la Cámara Alta. La convocatoria aumenta la presión sobre el Gobierno, que aún demora la publicación de la versión definitiva. En la Casa Rosada admiten que se revisan artículos sensibles y se evalúa el impacto político de cada modificación, lo que alarga los plazos y genera impaciencia sindical.
Qué propone la reforma laboral del Gobierno
El borrador del Ejecutivo reescribe puntos clave de la legislación vigente: redefine reglas de vacaciones, incorpora el banco de horas, modifica criterios de indemnizaciones, ajusta el régimen de despidos e introduce cambios en procedimientos judiciales y administrativos.
Según el oficialismo, la iniciativa busca un marco “moderno y flexible” para el empleo público y privado, con un “reordenamiento” de la relación laboral que, afirman, se adapta a nuevas formas de trabajo.
