El procedimiento se realizó en el marco de la Ley de Microtráfico. Durante el operativo secuestraron cerca de 400 envoltorios con cocaína y detuvieron a un hombre.
El Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, y junto a fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), supervisó este viernes el derribo de un inmueble señalado como punto de venta de drogas en la ciudad de Pérez, departamento Rosario.
El procedimiento se realizó en Richieri 2165 y constituyó la quinta intervención de este tipo en la ciudad. Con este operativo, ya son 102 los inmuebles inactivados en el departamento Rosario y 150 en toda la provincia.
Un operativo en el marco de la Ley de Microtráfico
La intervención se llevó adelante en el marco de la Ley de Microtráfico, impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro y puesta en marcha a comienzos de 2024.
La normativa articula el trabajo del Gobierno provincial, el MPA, la Justicia provincial y la Policía de Santa Fe, con la colaboración de fuerzas federales y gobiernos locales.
El objetivo de estas intervenciones es inactivar puntos de venta de estupefacientes e inmuebles vinculados con situaciones de violencia altamente lesiva.
El coordinador operativo y director general de Policía (R) Claudio Romano destacó la continuidad de los procedimientos.
“Estamos orgullosos y convencidos del trabajo que realizamos. Los derribos se llevan adelante casi a diario. Nunca antes se habían inactivado tantos búnkeres en tan poco tiempo”, sostuvo.
Secuestraron cocaína y detuvieron a un hombre
Durante el procedimiento se secuestraron cerca de 400 envoltorios que contenían 82 gramos de cocaína.
Además, fue detenido un hombre mayor de edad, mientras que dos adolescentes de 17 años quedaron vinculadas a una causa en el marco del Régimen Penal Juvenil.
El fiscal Matías Ocariz explicó que la investigación se inició a partir de intervenciones realizadas por el Comando Radioeléctrico de la zona.
Según señaló, esas actuaciones habían permitido detectar situaciones que daban cuenta de la presunta venta de estupefacientes en el inmueble y de hechos de violencia vinculados con esa actividad.
La Justicia autorizó la demolición
Ocariz indicó que la Fiscalía solicitó el cese de la actividad del inmueble, medida que fue concedida por el juez y permitió avanzar posteriormente con su demolición.
El fiscal sostuvo que el comercio de estupefacientes no solamente afecta la salud pública, sino que también genera situaciones de inseguridad y violencia en los sectores donde funcionan estos puntos de venta.
“Desmantelar estos espacios devuelve tranquilidad a los vecinos, que pueden volver a salir a la calle. Ese es uno de los objetivos priorizados del Ministerio Público de la Acusación”, concluyó.
