El gobernador fue uno de los primeros en someterse al test. La medida alcanza a policías, penitenciarios y funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Desde este martes comenzaron a aplicarse narcotests sorpresivos y obligatorios a todos los integrantes de las fuerzas de seguridad de Santa Fe, incluyendo a los funcionarios políticos del Ministerio de Justicia y Seguridad. La medida, impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro Pablo Cococcioni, busca detectar el consumo de estupefacientes entre el personal policial, penitenciario y autoridades de la cartera.
“Queremos la mejor fuerza del país, y eso implica depurar, controlar y actuar con ejemplaridad”, afirmó Pullaro, quien se sometió personalmente al test para dar el ejemplo.
Hisopados sin aviso y con aval técnico
Los estudios consisten en hisopados bucales capaces de detectar cocaína, metanfetaminas, opioides y psicofármacos como clonazepam, y son realizados por la Fundación Argentina de Toxicología, una entidad reconocida a nivel nacional. La selección de personas se hace de forma aleatoria y sin aviso previo, lo que impide cualquier tipo de manipulación o preparación anticipada.
“Quien investiga narcotráfico no puede consumir drogas”
El gobernador fue categórico: “No se trata de perseguir al consumidor, sino de garantizar que quien combate el delito no sea parte del problema. No hay excusas: el que no puede pasar un narcotest, no puede formar parte de nuestras fuerzas de seguridad”.
El ministro Cococcioni, por su parte, explicó que quienes den positivo y ocupen funciones sensibles como tareas de investigación o contacto con internos, serán apartados. Para cargos jerárquicos, la sanción será la pérdida de confianza institucional.
En casos de consumo problemático en niveles subalternos, se ofrecerá tratamiento y seguimiento médico, con posibilidad de reincorporación bajo criterios profesionales.
Sin privilegios: los controles también alcanzan a funcionarios
Uno de los aspectos centrales del nuevo sistema es que no hay excepciones. El circuito de entrega de resultados garantiza confidencialidad y jerarquía institucional:
- Los informes se entregan en sobres cerrados al superior correspondiente.
- Si se trata de funcionarios políticos, los resultados llegan directamente al gobernador.
“Es una medida que muestra que todos estamos sometidos a las mismas reglas, sin privilegios”, señaló Cococcioni.
Un nuevo estándar institucional
Hasta el momento se realizaron 27 controles, y el número total no será divulgado para evitar previsibilidad. La iniciativa será parte de un plan de seis meses con posibilidad de prórroga, y se complementa con informes ambientales, estudios de confiabilidad y requisitos para ingresos y ascensos en la Policía y el Servicio Penitenciario.
El mensaje es claro: Santa Fe instala un nuevo estándar de control institucional en el país.