El conflicto de la empresa fue abordado en la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Diputados, donde participaron Joaquín Blanco y Dionisio Scarpin.
En una reunión de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, encabezada por Joaquín Blanco, se analizó la crítica situación de Algodonera Avellaneda, empresa cuya parálisis afecta a 350 familias de Reconquista y Avellaneda.
El encuentro contó con la presencia del diputado Dionisio Scarpin, quien dialogó con los trabajadores y explicó que la intención fue que “los legisladores que no son del norte comprendan la magnitud del conflicto y su impacto en la región”.
Intervención del Estado y situación de los empleados
Scarpin señaló que la Cámara de Diputados no tiene herramientas directas para resolver el problema, pero sí puede intermediar ante el gobierno provincial y el juez Lorenzini para buscar alternativas. “La comisión se comprometió a ser interlocutora con el gobierno y con el juez para ver qué posibilidades existen”, indicó el legislador.
Mientras tanto, los trabajadores aún no cobraron el salario de octubre y terminaron de percibir recién la quincena de septiembre, lo que agrava la situación económica de las familias. “La provincia ayudó con mercaderías, pero eso no reemplaza el sueldo, que es lo que sostiene el alquiler, la luz y la comida”, remarcó Scarpin.
Un panorama industrial complejo
El diputado explicó que la crisis del sector textil se profundizó por la apertura de importaciones, que quitó competitividad a las industrias nacionales. “Hay muchas fábricas que trabajan al 40 o 50%, pero Algodonera tiene problemas más graves: su planta industrial está como garantía de un crédito de Vicentin, y muchos de sus bienes están involucrados en un proceso judicial penal, lo que complica aún más su funcionamiento”, precisó.
Posibles caminos y expectativas
Scarpin confirmó que existe interés de un grupo empresario de Buenos Aires en reactivar la producción, aunque todavía “hay desconfianza y trabas”. En paralelo, los trabajadores solicitan al juez Lorenzini la intervención de la empresa para reemplazar la actual administración y destrabar el conflicto.
“La comisión se comprometió a hablar con el gobierno y con el juez. Dentro de nuestras limitaciones, haremos todo lo posible para colaborar en un proceso de solución”, concluyó Scarpin.
