La empresa registra un déficit de entre 500 y 800 millones de pesos. La sindicatura deberá definir cuántos trabajadores permanecerán para realizar tareas de mantenimiento y guardias mínimas.
La situación de Algodonera Avellaneda atraviesa un nuevo capítulo crítico. En una resolución dictada este martes, la Justicia dispuso el cierre gradual de las plantas, en un contexto marcado por un importante déficit económico y la imposibilidad de sostener el funcionamiento de la empresa en las condiciones actuales.
En diálogo con “Vivos y Sueltos” por Radio Ideal, el abogado del gremio de los trabajadores textiles, Mauro Casela, explicó que el informe de la sindicatura expuso un déficit de entre 500 y 800 millones de pesos, una situación que considera inviable para garantizar la continuidad de la actividad.
El letrado señaló que, desde la declaración de quiebra, dictada el pasado 14 de octubre, las nuevas deudas que se generan tienen carácter de créditos posteriores a la quiebra y cuentan con privilegio de cobro por encima de las deudas salariales. Esto, advirtió, puede perjudicar las posibilidades de que los trabajadores cobren sus futuras indemnizaciones.
No es un cierre definitivo: las plantas quedarán a resguardo
Casela aclaró que la resolución judicial no implica el cierre definitivo de los establecimientos. El objetivo es detener progresivamente la producción, conservar las instalaciones y mantenerlas en condiciones para que puedan volver a funcionar si aparece un comprador interesado en continuar con la actividad.
La medida alcanza a la hilandería de Reconquista y a las desmotadoras de Bandera, en Santiago del Estero, y General Pinedo, en Chaco. En esta etapa, las tareas estarán concentradas en el mantenimiento, la vigilancia y las guardias mínimas. Además, ya no ingresará nueva materia prima, debido a que terminó la temporada de trabajo en las desmotadoras.
Uno de los puntos que todavía debía definirse era cuántos trabajadores permanecerían afectados a esas tareas. Según explicó el abogado, la sindicatura debía presentar entre el miércoles y el viernes una nómina con el personal necesario para cubrir las guardias, posiblemente organizadas por turnos.
La situación genera preocupación entre los trabajadores. De acuerdo con la información difundida sobre la resolución judicial, 243 empleados quedaron alcanzados por la decisión sobre la continuidad de los contratos laborales.
El reclamo por las indemnizaciones y la posibilidad de una nueva empresa
Frente a este escenario, Casela adelantó que desde el gremio comenzarán a presentar los pedidos de pronto pago laboral, con el objetivo de que los trabajadores puedan contar con el reconocimiento de sus créditos y de las deudas salariales pendientes.
Sin embargo, aclaró que el cobro de las indemnizaciones dependerá de que se concrete la venta de las plantas y de que ingresen fondos suficientes al proceso de quiebra.
El abogado también planteó que existe una segunda expectativa: que las instalaciones sean adquiridas por empresas interesadas en continuar con la producción y que, en ese caso, tengan en cuenta al personal que trabajó durante años en Algodonera Avellaneda.
Si bien reconoció que circulan versiones sobre posibles interesados, remarcó que por el momento no hay propuestas concretas confirmadas. La recepción de ofertas para la compra de los activos continúa abierta hasta el 30 de noviembre.
“Lo más ideal sería que una empresa compre y continúe con la explotación, y que pueda contratar a estos trabajadores”, expresó Casela. No obstante, reconoció que todavía están lejos de esa posibilidad y que el panorama para las familias afectadas es complejo.
La prioridad inmediata del gremio será avanzar con los reclamos laborales y seguir de cerca el proceso de venta, con la expectativa de que la actividad pueda retomarse y se preserve la mayor cantidad posible de puestos de trabajo.