El juez Fabián Lorenzini convocó a gremios, acreedores, autoridades provinciales y representantes de la empresa en medio de una situación crítica.
En el salón de actos de los tribunales de Reconquista, el juez Fabián Lorenzini encabezó una audiencia de más de dos horas y media en la que participaron representantes de Algodonera Avellaneda, gremios, la Asociación Obrera Textil, el Banco Nación, síndicos, la EPE y el ministro de Trabajo, Roald “Coco” Báscolo.
La reunión se dio en un contexto delicado: la empresa atraviesa un concurso preventivo de acreedores, acumula millones en deudas por servicios públicos y enfrenta el inminente corte de energía eléctrica desde la próxima semana si no regulariza su situación.
La voz de los trabajadores
El abogado de la Asociación Obrera Textil, Sebastián Spiller, remarcó la gravedad de la situación: “Algodonera Avellaneda debe salarios, servicios básicos y está al borde de quedar sin energía. Hoy trabajan cerca de 400 empleados, que ya denunciamos ante el Ministerio de Trabajo el cierre de puertas y el pago parcial de haberes. El 50% de un salario ya deprimido no alcanza para una vida digna.”
Spiller también adelantó que el gremio solicitará formalmente la intervención de la empresa, cuestionando la administración actual y reclamando que los accionistas hagan un esfuerzo real: “Los trabajadores ya redujeron horarios y salarios. No puede ser que los accionistas sigan cobrando dividendos mientras la empresa se hunde.”
Deudas millonarias y riesgo de remate
Uno de los puntos más críticos expuestos en la audiencia fue la deuda de más de 2.000 millones de pesos con la EPE, además de compromisos impagos en Chaco y Santiago del Estero. A esto se suma la falta de seguro contra incendios, una irregularidad grave en una planta textil, y una hipoteca vinculada al Grupo Vicentín que podría derivar en un remate en diciembre.
“Estamos ante una espada de Damocles: el corte de energía, la falta de seguro y una ejecución hipotecaria. La situación es insostenible”, advirtió Spiller.
Próximos pasos
El juez Lorenzini mantendrá nuevas reuniones en los próximos días, en busca de un plan de acción que evite el corte de servicios y garantice la continuidad laboral. Sin embargo, la empresa ya confirmó que el lunes no abrirá sus puertas, lo que agrava la incertidumbre para cientos de familias dependientes de la fábrica.
Mientras tanto, los trabajadores y gremios insisten en que la salida debe incluir un compromiso de los accionistas para inyectar fondos y sostener la actividad.
