La Justicia Federal investiga una organización dedicada a la comercialización de cocaína en Reconquista y la región. Hubo detenidos, secuestros e inhibición de bienes.
La investigación federal por una presunta organización narco que operaba en Reconquista, Avellaneda y otras localidades de la provincia sumó este lunes un nuevo capítulo judicial tras una extensa audiencia multipropósito que se desarrolló durante más de cinco horas.
La causa se originó a partir de una investigación iniciada meses atrás y derivó el viernes pasado en un mega operativo con 16 allanamientos simultáneos realizados en Reconquista, Avellaneda, Resistencia, Sauce Viejo, la cárcel de Coronda y la cárcel de Vera.
Una organización investigada por comercialización de cocaína
La investigación está encabezada por los fiscales federales Roberto Salum y Viviana Bruno Campaña, con intervención del juez federal Aldo Alurralde.
Según explicó Salum, la causa apunta a una estructura dedicada a la distribución, comercialización y provisión de cocaína en el norte santafesino.
Durante la audiencia fueron formalmente imputados Gisela Noemí Fernández, Thiago Daniel Gutiérrez, Abigail Alegre y Francisco Andrés Aguirre, acusados de integrar una organización criminal vinculada al tráfico de estupefacientes.
Escuchas, seguimientos y movimientos millonarios
La investigación fue llevada adelante por personal de Prefectura Naval Argentina, bajo directivas de la Fiscalía Federal, y estuvo basada en escuchas telefónicas, seguimientos, filmaciones y análisis patrimoniales.
Uno de los puntos más relevantes de la causa tiene que ver con el movimiento económico detectado durante la investigación.
Los fiscales revelaron que algunos de los imputados manejaban una importante cantidad de billeteras virtuales, cuentas bancarias y movimientos de dinero vinculados presuntamente al narcotráfico.
En la audiencia se habló de sumas millonarias, transferencias permanentes y maniobras financieras que permitían sostener la operatoria de la organización.
La conexión con internos alojados en cárceles
De acuerdo a la investigación, parte de la estructura era coordinada desde unidades penitenciarias.
Uno de los nombres señalados fue el de Daniel Sosa, actualmente detenido en la cárcel de Coronda, quien sería uno de los presuntos organizadores de la red y encargado de coordinar operaciones vinculadas a la distribución de droga.
También se mencionó a Néstor Bejarano, quien será formalmente imputado en la continuidad de las audiencias previstas para este martes.
Los investigadores sostienen que desde las cárceles se realizaban contactos, coordinación de pagos y distribución de órdenes mediante teléfonos celulares y billeteras virtuales.
Prisión preventiva y embargo millonario
La Fiscalía solicitó 120 días de prisión preventiva para los imputados, medida que fue avalada por el juez federal Aldo Alurralde.
En el caso de Abigail Alegre, se dispuso prisión domiciliaria debido a que se encuentra al cuidado de un menor en etapa de lactancia.
Además, la Justicia ordenó la inhibición de bienes, el congelamiento de cuentas bancarias y billeteras virtuales, y un embargo de 50 millones de pesos para cada imputado.
La investigación continuará con más audiencias
Desde la Fiscalía adelantaron que podrían producirse nuevas detenciones, ya que algunas de las personas buscadas no fueron encontradas durante los allanamientos.
Además, las pericias sobre teléfonos celulares y dispositivos electrónicos secuestrados podrían permitir profundizar la investigación y detectar nuevos integrantes de la organización.
El fiscal Roberto Salum también destacó el trabajo coordinado con el área de microtráfico del Ministerio Público de la Acusación, en el marco de las investigaciones impulsadas en la provincia sobre narcomenudeo y comercialización de drogas.
