El Observatorio de Víctimas celebra la norma que busca cuidar la vida, el trabajo y los bienes de miles de repartidores. La implementación será clave para su efectividad.
La recientemente promulgada Ley de Protección para Trabajadores de Delivery, impulsada originalmente por el exdiputado provincial “Cachi” Martínez, recibió una cálida bienvenida por parte del Observatorio de Víctimas de Delitos, presidido por la doctora Verónica Baró Graf. En diálogo con Vivos y Sueltos, la referente destacó la necesidad de que la norma comience a aplicarse de forma inmediata y con recursos del Estado.
Una ley pensada desde la calle
La normativa fue diseñada pensando en la vulnerabilidad de los repartidores, quienes a menudo trabajan como autónomos, utilizando su propio vehículo, cubriendo seguros y expuestos al robo o la violencia física. Según Baró Graf, los trabajadores de delivery “fueron esenciales en pandemia y siguen siéndolo hoy, pero siguen desprotegidos ante la inseguridad urbana”.
El eje de la ley es claro: incorporar un sistema de geolocalización (chip o GPS) y un botón de pánico en cada moto o bicicleta utilizada para el reparto, monitoreado desde centros de seguridad estatales, sean policiales o municipales.
“No se trata solo de proteger la moto. Se trata de cuidar la vida del trabajador y de dar una herramienta rápida de alerta en situaciones de emergencia”, remarcó Baró Graf.
Prevención y reacción
Además de su valor disuasorio, la ley tiene un enfoque preventivo e investigativo. La geolocalización permitiría recuperar vehículos robados en cuestión de horas —algunos han sido encontrados en menos de 12 horas gracias a chips privados— y evitar que terminen desguazados o revendidos.
El botón de pánico podría tener usos múltiples: alertar robos, agresiones, accidentes de tránsito, e incluso funcionar como sistema de monitoreo urbano. Los repartidores, que recorren la ciudad constantemente, podrían transformarse en ojos móviles del sistema de seguridad pública.
“Podrían reportar delitos o emergencias simplemente con un botón. Con la tecnología que hoy tiene el Estado, eso es perfectamente viable”, explicó la titular del Observatorio.
Implementación en manos del Ejecutivo
Aunque la ley ya fue promulgada y reglamentada, ahora el desafío es su implementación real. Desde el Observatorio pidieron que el Estado asuma el costo del equipamiento —chip, GPS y botón— para garantizar su uso masivo. También se abrirá el abanico tecnológico: aunque la ley mencionaba inicialmente un GPS, se aceptaron ampliaciones para permitir otras formas de localización.
La normativa también contribuiría a construir un mapa del delito en tiempo real, al detectar zonas con mayor incidencia de robos o siniestros viales.
“Con una inversión pequeña, el Estado puede sumar una herramienta de enorme valor para la seguridad pública”, subrayó Baró Graf.
Un paso más hacia una seguridad colaborativa
La ley marca un avance importante en la protección de los trabajadores más expuestos, pero también abre la puerta a un nuevo modelo de seguridad ciudadana colaborativa.
“No es solo cuidarlos a ellos. Es también darles una herramienta para que ellos nos cuiden a todos”, concluyó la dirigente, que agradeció la voluntad del Ejecutivo provincial por avanzar con su reglamentación.
Ahora, el foco estará puesto en que los municipios y la provincia articulen los recursos necesarios para que esta ley, más que una buena intención, se convierta en una realidad palpable en cada calle y en cada entrega.
