La defensa sostiene que no hay riesgo procesal y que se usaron “abusivamente” figuras penales. El juez resolverá en las próximas horas.
Este martes se desarrolló una audiencia de apelación clave para definir el futuro procesal de los cuatro directivos de Vicentin detenidos desde marzo pasado, acusados de profundizar el vaciamiento de la empresa mientras atravesaba el concurso preventivo iniciado en 2019. Omar Scarel, Alberto Macua, Roberto Gazze y Daniel Buyatti están imputados por haber utilizado fondos del holding para gastos personales, lo que –según la Fiscalía– agravó la estafa contra acreedores.
La audiencia fue presidida por el juez de Cámara Gustavo Salvador, quien escuchó durante horas los argumentos de la defensa y pasó a un cuarto intermedio hasta mañana a las 8.30, cuando se reanudará la presentación y posteriormente definirá si confirma o revoca la medida.
¿Por qué pide la libertad la defensa?
El eje central de la estrategia defensiva es que ya no existe riesgo procesal, ya que la firma está intervenida judicialmente y sus directivos fueron removidos de la gestión. Esa decisión permitió reactivar plantas paralizadas y recuperar la confianza de proveedores.
Actualmente, ocho empresas contrataron el servicio de fasón, la planta de San Lorenzo procesa 10.000 toneladas diarias de soja y el 15 de junio se pondrá en marcha la línea de girasol en Ricardone, con una capacidad de 6.000 toneladas diarias.
Los cinco puntos clave de la defensa
1) Asociación ilícita reiterada:
La defensa afirma que no puede imputarse nuevamente la figura de asociación ilícita, porque ya fue parte de la acusación de 2020 y 2023. Consideran que existe una “duplicación abusiva” del cargo, lo que vulnera garantías constitucionales.
2) Venta del avión:
Rechazan que haya sido una maniobra fraudulenta. Alegan que fue una dación en pago para cancelar deudas y no existió perjuicio alguno para Vicentin. Según su versión, “no hay prestanombres” ni maniobras ilegales.
3) Honorarios de abogados pagados por la empresa:
Sostienen que es legal que una compañía pague los honorarios de defensa de sus directivos si se los investiga por acciones vinculadas a la gestión empresarial. “Sucede en todas las empresas”, argumentaron, y negaron que haya existido facturación falsa.
4) Retiros voluntarios millonarios:
Según la defensa, los retiros formaron parte de un plan oficial de racionalización de personal, avalado por el proceso concursal. Además, aseguran que los directivos no cobraron sueldos durante ocho meses, pese a seguir trabajando para evitar el colapso de la empresa.
5) Pago de caución:
El pago de la caución para obtener la libertad de los directivos fue exigido por la aseguradora, que no aceptaba dividir la póliza. Además, los fondos fueron reintegrados a Vicentin en poco tiempo, con consentimiento del interventor.
Lo que viene
Mañana continuará la audiencia con la conclusión del alegato de la defensa y luego el juez Gustavo Salvador deberá resolver si confirma la prisión preventiva por 120 días o decide liberar a los imputados.
Mientras tanto, el proceso judicial por una de las estafas más resonantes del sector agroindustrial argentino sigue sumando capítulos. La decisión de las próximas horas será determinante para el futuro de los acusados y el proceso concursal.
