El proyecto establece la actualización automática de pensiones y prestaciones. También recompone valores según la inflación acumulada desde diciembre de 2023.
Con 148 votos afirmativos, 71 en contra y 3 abstenciones, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto que declara la Emergencia en Discapacidad en todo el país hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga por un año más. La iniciativa fue impulsada por la oposición y logró imponerse a pesar del rechazo de La Libertad Avanza y el PRO.
Entre los puntos clave, el proyecto:
- Recompone las prestaciones arancelarias desde diciembre de 2023 en función de la inflación acumulada.
- Establece la indexación mensual automática de las pensiones no contributivas por discapacidad.
- Mantiene estas pensiones en un 70% del haber mínimo jubilatorio.
Fuertes respaldos opositores
Durante el debate, la diputada Soledad Carrizo (UCR) sostuvo: “Este sistema de discapacidad necesita que todos busquemos una salida razonable y coherente para que las personas con discapacidad tengan lo que realmente necesitan”.
En la misma línea, Melina Giorgi (Democracia para Siempre) fue tajante: “El equilibrio fiscal no se puede buscar a través del ajuste al sector de discapacidad. Tienen derechos y deben ser respetados”.
Por su parte, Vanina Biasi (Frente de Izquierda) reclamó transformaciones profundas: “El colectivo debe recibir lo que merece. Hay que hacer cambios significativos que les cambien la vida”.
La respuesta libertaria
Desde el oficialismo, Santiago Pauli (LLA) intentó desligar al Gobierno nacional de la crisis actual: “La emergencia es de ustedes, no nuestra. En 2023 la inflación fue del 211% y los aumentos fueron del 93%. Más de 100 puntos de diferencia”.
Además, acusó a gobiernos anteriores de clientelismo político con las pensiones por discapacidad: “No tienen autoridad moral. Usaron los recursos para la discapacidad para beneficiar a presos, chantas y militantes”.
Impacto fiscal de la ley
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el costo total del proyecto incluye:
- Refuerzo fiscal por aumento de pensiones: entre 1,88 y 3,62 billones de pesos, dependiendo de la cantidad de nuevos beneficiarios (entre 493.000 y 946.000 personas).
- Compensación por inflación 2024: $278.323 millones.
- Refuerzo para talleres de producción protegida: $7.160 millones.
Un reclamo federal y sostenido
La media sanción llega tras meses de movilizaciones y protestas de organizaciones de personas con discapacidad, que exigían una ley que permitiera actualizar valores atrasados de prestaciones y pensiones, en un contexto de deterioro del sistema.
Ahora, el proyecto pasará al Senado, que deberá decidir si lo convierte en ley. Sin embargo, el presidente Javier Milei ya adelantó que vetará “cualquier cosa que atente contra el déficit cero”, dejando abierta una nueva disputa entre el Congreso y el Ejecutivo.
