El Gobierno santafesino avanzará con acciones administrativas y judiciales para recuperar los gastos generados por operativos ante amenazas, cuyos responsables identificados son menores.
El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, dictó la Directiva N° 05/2026, mediante la cual instruyó iniciar de forma inmediata acciones para el recupero y resarcimiento de los costos ocasionados al Estado por falsas amenazas a escuelas.
La medida se implementará en coordinación con la Fiscalía de Estado de Santa Fe, avanzando tanto en el plano administrativo como judicial.
Responsables identificados
A partir de investigaciones de la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público de la Acusación (MPA), ya fueron identificados varios responsables de estos hechos, todos menores de edad.
En estos casos, el reclamo económico será dirigido a los adultos responsables, tal como establece el protocolo vigente.
Operativos costosos y reiterados
Según datos oficiales, entre el 16 y el 21 de abril se registraron 158 intervenciones por amenazas en ámbitos escolares.
Cada operativo implica un costo estimado de entre 5 y 6 millones de pesos, dependiendo de los recursos desplegados.
Cómo será el proceso de cobro
El procedimiento se activa una vez identificados los responsables e incluye:
- Relevamiento y cuantificación de costos
- Conformación de un expediente individual por caso
- Intimación formal de pago a los adultos responsables
En caso de incumplimiento, se dará intervención a Fiscalía de Estado, lo que puede derivar en acciones judiciales con intereses y costas adicionales.
“No son bromas”
Desde el Gobierno provincial remarcaron la gravedad de estos hechos:
“Cada intervención moviliza recursos críticos que dejan de estar disponibles para tareas de prevención. No se trata de bromas: generan consecuencias reales”, señalaron.
Además, advirtieron que el costo puede ser incluso mayor dependiendo del despliegue operativo y aclararon que el reclamo económico no es una sanción penal, sino un resarcimiento civil paralelo, que no requiere esperar una sentencia.
Llamado a la responsabilidad
Finalmente, las autoridades recordaron que este tipo de amenazas están tipificadas en el Código Penal y pueden derivar en consecuencias judiciales y económicas.
En ese sentido, hicieron un llamado a las familias a acompañar y concientizar a niños, niñas y adolescentes, subrayando la importancia de dimensionar el impacto real de estas conductas.
