El anteproyecto elaborado por el Ministerio de Desregulación propone cambios en medicamentos, transporte marítimo, corretaje, mercado financiero y otros sectores regulados.
El Gobierno nacional comenzó a difundir un anteproyecto de ley que plantea una amplia reforma de desregulación económica, con modificaciones y derogaciones de distintas normas que regulan actividades comerciales, productivas y profesionales.
La iniciativa fue elaborada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, y aún no fue enviada al Congreso, aunque ya comenzó a ser evaluada por sectores políticos y empresariales.
Entre los principales cambios aparecen modificaciones en la comercialización de medicamentos, el transporte marítimo, el corretaje, el mercado financiero, la actividad agropecuaria y organismos vinculados a la promoción sectorial.
Cambios en la venta de medicamentos
Uno de los puntos centrales del proyecto modifica la Ley de Farmacias y propone habilitar la venta de medicamentos bajo receta a través de canales digitales, además de permitir la entrega a domicilio.
También plantea que los medicamentos de venta libre puedan comercializarse fuera de las farmacias y propone cambios en la regulación de las sociedades farmacéuticas, la digitalización de recetas y registros.
Además, establece la posibilidad de que las droguerías puedan vender directamente al público si adoptan la figura de farmacia.
Flexibilización del transporte marítimo
El anteproyecto incorpora modificaciones en el régimen de transporte marítimo, permitiendo que buques extranjeros puedan realizar transporte de cabotaje dentro del país.
También propone flexibilizar requisitos vinculados a la matrícula de embarcaciones, la importación de barcos usados y la documentación del sector mediante procesos digitales.
Cambios para corredores y traductores
En materia de corretaje, la iniciativa elimina algunas restricciones para el ejercicio de la actividad, permite su desarrollo mediante plataformas digitales y elimina la fijación obligatoria de aranceles mínimos o máximos.
Por otra parte, establece cambios en los requisitos para traducciones oficiales, limitando la exigencia de traducciones al castellano para situaciones específicas relacionadas con cuestiones técnicas, jurídicas o compromisos internacionales.
El proyecto forma parte de una nueva etapa de reformas impulsadas por el Gobierno nacional, orientadas a reducir regulaciones y modificar el funcionamiento de distintos sectores económicos.
