El decreto 681/2025 avaló la Ley 27.793, pero su aplicación quedó suspendida hasta que el Parlamento defina el financiamiento. La disputa suma tensión política y social.
El Gobierno promulgó este lunes la Ley 27.793 de emergencia nacional en discapacidad, que regirá hasta diciembre de 2026 y podrá extenderse un año más. Sin embargo, la norma no entrará en vigencia de inmediato: el artículo 2 del decreto 681/2025 exige al Congreso precisar de dónde saldrán los recursos necesarios para sostenerla.
La decisión abre un nuevo capítulo en la pulseada entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, luego de que el Parlamento rechazara el veto presidencial a esta misma ley.
El costo fiscal en debate
En los considerandos, el Ejecutivo justificó su postura en la necesidad de sostener el equilibrio fiscal. Según estimaciones oficiales, la implementación demandaría un gasto de $3,019 billones, equivalente al 0,35% del PBI.
“Toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto deberá especificar las fuentes de financiamiento”, recordó el Gobierno citando la normativa vigente. En ese sentido, advirtió que sin esa previsión legal la ejecución queda suspendida.
Una tensión que crece
El área de Discapacidad se ha convertido en uno de los frentes más conflictivos de la gestión nacional. Los recortes presupuestarios ya habían provocado protestas en todo el país y la situación se intensificó tras la difusión de los audios atribuidos al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, en los que acusaba a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, de quedarse con un “3 por ciento” de cada contrato.
La falta de definición sobre los fondos y el cruce entre poderes anticipan un escenario complejo para la aplicación de la ley y mantienen en alerta a las organizaciones que reclaman respuestas concretas.
