El Decreto 875/2026 establece los mecanismos para aplicar la Ley 27.801, crea organismos de coordinación y fija la articulación entre Nación, provincias y la Ciudad de Buenos Aires.
El Gobierno nacional reglamentó este lunes el Régimen Penal Juvenil, establecido por la Ley 27.801, que alcanza a adolescentes desde los 14 años hasta las cero horas del día en que cumplen 18 y que sean imputados por hechos tipificados como delitos.
La medida quedó formalizada mediante el Decreto 875/2026, publicado en el Boletín Oficial. La normativa establece al Ministerio de Justicia como autoridad de aplicación en el ámbito nacional y federal y fija mecanismos para el seguimiento de los adolescentes, la asistencia a las víctimas y la coordinación con las distintas jurisdicciones.
Según el decreto, el régimen busca que los adolescentes imputados puedan asumir la responsabilidad legal por sus actos, al mismo tiempo que se promueve su educación, resocialización e integración social.
Crean un comité interministerial
Entre las principales medidas se encuentra la creación del Comité de Justicia Interministerial del Régimen Penal Juvenil, que funcionará dentro del Ministerio de Justicia como espacio permanente de articulación entre distintas áreas del Poder Ejecutivo.
El organismo deberá coordinar la intervención de los ministerios involucrados y elaborar lineamientos comunes para la prevención, el abordaje y la reinserción de los adolescentes alcanzados por la normativa.
También tendrá entre sus funciones promover el intercambio de información estadística y técnica, emitir recomendaciones no vinculantes y coordinar los aspectos administrativos y operativos necesarios para la ejecución de las penas previstas por la Ley 27.801.
Estará integrado por representantes de Justicia, Seguridad Nacional, Capital Humano y Salud.
Una mesa federal con las provincias
El decreto también crea la Mesa Federal del Régimen Penal Juvenil, destinada a coordinar la implementación de la ley entre el Estado nacional, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires.
Entre sus funciones estarán la armonización de criterios técnicos y procesales, el intercambio de experiencias y buenas prácticas y la coordinación de convenios de colaboración.
La mesa será coordinada por el Ministerio de Justicia y contará con representantes de cada provincia y de la Ciudad de Buenos Aires. También podrán participar representantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Procuración General de la Nación y la Defensoría General de la Nación.
El objetivo es generar un ámbito de coordinación federal y evitar que la aplicación del régimen quede fragmentada entre las distintas jurisdicciones.
La ley comenzará a regir tras 180 días
La Ley 27.801 fue sancionada el 27 de febrero de 2026 y publicada en el Boletín Oficial el 9 de marzo. La propia norma estableció que entraría en vigencia 180 días después de su publicación.
El decreto reglamentario dispone que comenzará a regir conjuntamente con la ley. De esta manera, la reglamentación completa el marco administrativo e institucional necesario para poner en marcha el nuevo sistema.
Así, el Gobierno estableció las reglas para implementar un régimen específico destinado a adolescentes de 14 a 18 años imputados por delitos, con intervención de organismos nacionales y coordinación con las distintas jurisdicciones del país.
