La iniciativa, impulsada por el senador Osvaldo Sosa, establece controles obligatorios, periódicos y aleatorios para funcionarios de los tres poderes. Ahora deberá ser tratada por Diputados.
El Senado de Santa Fe dio este jueves media sanción a un proyecto que establece la obligatoriedad de realizar exámenes toxicológicos, conocidos como narcotests, a todas las personas que ejerzan cargos públicos electivos o hayan sido designadas políticamente en cualquiera de los tres poderes del Estado.
La iniciativa fue presentada por el senador por el departamento Vera, Osvaldo Sosa, y ahora deberá ser analizada por la Cámara de Diputados.
Quiénes deberán realizarse los controles
El proyecto alcanza al gobernador y vicegobernador, ministros y funcionarios del Poder Ejecutivo, legisladores y autoridades de ambas Cámaras, integrantes del Poder Judicial y del Ministerio Público, además de miembros de organismos de control.
Según sus impulsores, el objetivo es que los controles funcionen como una herramienta de prevención del consumo de sustancias ilegales y contribuyan a fortalecer la transparencia, la integridad institucional y la confianza de la ciudadanía.
Controles obligatorios, anuales y aleatorios
Los exámenes serán obligatorios y gratuitos y deberán realizarse dentro de los 30 días posteriores a la asunción de cada funcionario.
Además, la propuesta contempla controles periódicos al menos una vez al año, exámenes aleatorios mediante sorteo y la posibilidad de solicitar estudios ante la existencia de denuncias fundadas.
El procedimiento deberá garantizar la confidencialidad, la dignidad de las personas examinadas, el derecho a defensa y el cumplimiento de la correspondiente cadena de custodia de las muestras.
El antecedente de Maximiliano Pullaro
La iniciativa tomó impulso luego de que el gobernador Maximiliano Pullaro se sometiera a un narcotest y convocara a otros integrantes de su gestión a realizar controles similares.
El proyecto también establece que otros agentes públicos provinciales podrán acceder voluntariamente a este tipo de exámenes, aunque sus cargos no estén incluidos entre aquellos alcanzados por la obligatoriedad.
Qué ocurrirá ante un resultado positivo
En caso de que un examen arroje un resultado positivo, la iniciativa establece un abordaje interdisciplinario que contemple asistencia y orientación, además de una evaluación sobre la aptitud de la persona para continuar ejerciendo el cargo.
Las eventuales medidas sanitarias, administrativas o terapéuticas tendrán carácter no punitivo, de acuerdo con lo establecido en el proyecto.
En cambio, la negativa injustificada a realizarse el examen será considerada una falta grave y podría derivar en una suspensión preventiva, un sumario o la remoción, según los mecanismos legales vigentes.
Con la media sanción del Senado, la propuesta inicia ahora su recorrido en la Cámara de Diputados, donde deberá ser debatida antes de convertirse, eventualmente, en ley.
