Diputado provincial solicita datos oficiales sobre empresas investigadas tras el rescate de 31 personas en condiciones de explotación laboral.
A principios de septiembre, efectivos de la Agencia de Trata de Personas de la Policía de Investigaciones rescataron a 31 personas que vivían y trabajaban en condiciones deplorables en campos bajo explotación de las firmas “La Revancha e Isabelliana S.A.” y “Santa Ana”, cercanos a Pozo Borrado, en el departamento 9 de Julio de Santa Fe.
El procedimiento se realizó con seguimiento del fiscal federal Gustavo Onel, a cargo de la Fiscalía Federal de Rafaela, a partir de una denuncia impulsada por ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero), con intervención de los fiscales Federico Grim y Pablo Micheletti.
Las víctimas vivían en condiciones extremas: hacían sus necesidades en tachos y baños improvisados, permanecían aisladas de sus familias y se les retuvo el acceso a sus teléfonos celulares. Incluso se les cobraba la comida, según denunció el diputado Fabián Palo Oliver.
Pedido de informes a la Provincia
El legislador solicitó a distintas áreas del Gobierno de Santa Fe información sobre posibles incumplimientos de convenios colectivos de trabajo, registros de las empresas y datos sobre los responsables de las explotaciones. También pidió antecedentes de los titulares catastrales de ambos campos y si existen denuncias previas contra los empleadores.
Palo Oliver remarcó: “Nos llama la atención que no se haga público quiénes son los titulares de ambos campos. Da la sensación de que se está evitando que se sepa quiénes son los responsables directos de un delito tan grave como la trata de personas.”
Investigación judicial y definición de delitos
Fuentes de la Justicia federal informaron que esperan los informes del Registro de la Propiedad Inmueble para determinar los dueños de los campos. Mientras tanto, personal especializado del Ministerio de Justicia de la Nación realiza entrevistas a las 31 personas rescatadas para determinar si se configuraron delitos de trata de personas o de reducción a la servidumbre, este último bajo jurisdicción provincial.
Se aclara que se considera trata de personas la captación, transporte o acogida de individuos para explotación laboral o sexual, con o sin conocimiento de las víctimas, mientras que el trabajo esclavo se refiere a la reducción a la servidumbre.
Relevamiento a los ministerios provinciales
El pedido de informes ingresó a la Cámara de Diputados de Santa Fe, solicitando datos a los Ministerios de Trabajo; Gobierno e Innovación Pública; Ambiente y Cambio Climático; y Seguridad y Justicia. Entre otros puntos, el legislador pidió conocer si las empresas están registradas, si se realizaron inspecciones anteriores, y quiénes son sus responsables legales y titulares catastrales. Entre las víctimas rescatadas, había dos menores de edad.
Operativo conjunto entre Provincia y Nación
El jefe del Departamento Región 5 de Trata de Personas, Lucas Musuruana, explicó que el caso se detectó tras una inspección del Renatre, organismo que regula el trabajo rural. “Encontró esta situación que vulnera muchísimos derechos de todas estas personas. A partir de allí se comenzó la investigación, que derivó en los allanamientos y el rescate de las víctimas”, relató.
En el operativo participaron también la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia, encargada del alojamiento y alimentación de las personas rescatadas, y el Programa de Rescate y Acompañamiento de Víctimas del Delito de Trata de Personas, del Ministerio de Seguridad de la Nación.
FUENTE: Aire de Santa Fe
