Legisladores de distintos espacios advirtieron que el decreto modifica de manera integral la ley de Inteligencia Nacional, habilita detenciones sin orden judicial y debilita los controles democráticos.
El Gobierno nacional modificó por decreto la Ley de Inteligencia Nacional (25.529) y amplió de forma significativa las atribuciones de la Secretaría de Inteligencia de Estado (Side), una decisión que generó fuertes críticas desde el Congreso por considerar que el nuevo esquema configura una “policía secreta”, con mayor opacidad y menor control institucional.
El DNU 941, firmado por Javier Milei sin debate parlamentario y publicado en el Boletín Oficial durante los festejos de Año Nuevo, introduce cambios en cerca de 40 artículos de la normativa vigente y redefine el funcionamiento del sistema de inteligencia argentino.
“Vuelve el espionaje político”
Uno de los cuestionamientos más duros fue planteado por el diputado nacional Esteban Paulón, quien resumió sus objeciones en cinco puntos. El primero, afirmó, es que “vuelve el espionaje político”.
“El decreto define como riesgos a activistas, opositores y periodistas. Es una confesión de parte: quieren usar los recursos del Estado para perseguir a quienes pensamos distinto. Es el Estado policial en su máxima expresión”, sostuvo.
Paulón también alertó sobre lo que definió como “carta blanca” para la Side, al habilitar la preservación de métodos y fuentes sin límites claros. “En la práctica es impunidad total para actuar por fuera de la ley bajo el pretexto de la seguridad nacional”, señaló.
Otro eje central de la crítica es la opacidad del sistema. “Declaran encubiertas la totalidad de las actividades de inteligencia. Chau transparencia, chau control de fondos reservados. Están construyendo una caja negra gigante financiada con los impuestos de la ciudadanía”, denunció.
Además, cuestionó la eliminación del control civil sobre la inteligencia militar, al otorgar mayor autonomía al Estado Mayor Conjunto. “Es un retroceso histórico que rompe el consenso democrático entre Defensa Nacional y Seguridad Interior”, afirmó.
Finalmente, advirtió sobre la creación del Centro Nacional de Ciberseguridad, bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete. “Es el Gran Hermano que faltaba. El Congreso tiene la obligación moral y legal de rechazar este DNU”, concluyó.
Advertencias desde la Coalición Cívica
Desde la Coalición Cívica, el diputado Maximiliano Ferrero calificó al decreto como un “retroceso intolerable” y sostuvo que es de “nulidad absoluta”.
“Es el segundo DNU que reforma el sistema de inteligencia en menos de un año. No es una modificación puntual, sino una reforma integral que avanza sobre derechos y garantías constitucionales, debilita el control democrático y concentra poder de manera peligrosa”, advirtió.
Entre los puntos más críticos mencionó la habilitación de espías con poder de policía, el secreto total del sistema de inteligencia y la posibilidad de influir en la opinión pública bajo la excusa de la contrainteligencia.
El peronismo también cuestionó el decreto
Desde el peronismo, el diputado Agustín Rossi alertó sobre la reorganización de la inteligencia militar. “Elimina la Dirección de Inteligencia Militar y la reemplaza por un área bajo el Estado Mayor Conjunto. Esto deja al ministro de Defensa sin inteligencia propia y traslada poder al Jefe del Ejército”, explicó.
El exministro de Defensa sostuvo que el decreto “fortalece la idea de un Estado represor, oscuro, con ausencia de derechos y garantías”, y reclamó que cualquier modificación al sistema de inteligencia se realice mediante una ley debatida en el Congreso.
“Es una policía secreta”
El radical Leopoldo Moreau, expresidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, fue aún más contundente. “Esto ya no es un organismo de inteligencia: es la creación de una policía secreta”, afirmó.
El DNU habilita a los agentes de la Side a aprehender personas y a requerir el apoyo de las Fuerzas Armadas, fuerzas federales y policías, restableciendo un esquema de actuación conjunta que había sido desarticulado tras la última dictadura.
Mientras crece el rechazo político, el decreto ya está vigente y ahora será el Congreso el que deberá definir si lo convalida o lo rechaza.
