El hecho ocurrió el fin de semana en Reconquista. La Justicia dispuso su libertad con restricciones, tratamiento psicológico obligatorio y medidas de protección para la víctima.
En una audiencia realizada en las últimas horas, Juan Carlos Castro fue imputado por el delito de amenazas calificadas por el uso de arma, en el marco de un hecho de violencia de género ocurrido el fin de semana en Reconquista.
La audiencia imputativa y de medidas cautelares contó con la intervención de la fiscal Georgina Díaz, mientras que la defensa pública estuvo a cargo del doctor César Pérez, quien participó de manera virtual.
Tras analizar la situación y los riesgos procesales, las partes acordaron otorgar la libertad al imputado con una serie de restricciones y reglas de conducta, resolución que fue avalada por la jueza Claudia Graciela Bressan.
Entre las condiciones impuestas, Castro deberá permanecer bajo la guarda de su padre y acreditar el inicio de un tratamiento psicológico, el cual deberá ser informado a la Justicia.
Investigación y contacto con la víctima
La fiscal Georgina Díaz explicó que el hecho ocurrió durante la madrugada del viernes en la ciudad de Reconquista y que, tras tomar conocimiento de la situación, dispuso la detención del acusado y las primeras medidas investigativas.
“Es un hecho que sucedió amaneciendo el día viernes. Al tomar conocimiento dispuse la detención y las primeras tareas investigativas a los efectos de poder realizar una imputación completa”, señaló la funcionaria judicial.
Antes de la audiencia, la fiscal también mantuvo una entrevista con la víctima, con el objetivo de conocer su postura respecto de la causa y evaluar los riesgos existentes.
Libertad con restricciones y seguimiento judicial
Según explicó Díaz, se trata del primer contacto del imputado con el sistema judicial, lo que también fue considerado al momento de acordar las medidas.
Además, durante la audiencia se acreditó que Castro posee arraigo laboral y familiar, ya que cuenta con empleo fijo y su padre participó de la instancia judicial.
No obstante, la fiscal aclaró que las medidas dispuestas buscan proteger a la víctima y evitar nuevas situaciones de violencia, y advirtió que el incumplimiento de las condiciones podría generar consecuencias más severas.
“Estas medidas no son rígidas sino dinámicas. Ante cualquier incumplimiento se puede disponer nuevamente la detención o solicitar la revocación de la libertad”, indicó.
Evaluación psicológica obligatoria
Uno de los puntos centrales de la resolución judicial es la obligación de realizar una consulta psicológica o psiquiátrica, con el fin de determinar si el imputado necesita tratamiento.
En caso de que los profesionales lo indiquen, Castro deberá someterse y continuar con el tratamiento correspondiente, informando periódicamente su cumplimiento ante la Justicia.
De esta manera, la causa continuará su curso mientras el imputado permanece en libertad bajo condiciones estrictas, con seguimiento judicial y medidas destinadas a resguardar a la víctima.
