La reforma constitucional de Santa Fe enfrenta un debate polarizado que refleja la grieta política nacional. Con un oficialismo provincial que no se alinea con los polos mayoritarios, se vislumbran dos visiones opuestas sobre el rol del Estado.
La grieta política, esa división tan característica de la política argentina, está más viva que nunca en los contenidos de la reforma constitucional santafesina. Si bien el oficialismo provincial, con mayoría en la Convención, no se encuentra alineado con ninguno de los polos nacionales, los posicionamientos extremos han dejado clara su presencia. El proyecto de la reforma evidencia dos visiones radicalmente opuestas sobre el papel del Estado y los derechos económicos y sociales.
El Debate sobre el Rol del Estado
Un claro ejemplo de esta polarización se encuentra en la concepción del rol del Estado en la nueva constitución. Por un lado, el proyecto de Más para Santa Fe (PJ, Frente Renovador y Ciudad Futura) visualiza al Estado como garante de derechos, constructor de equidad y proveedor de bienes públicos. Por otro lado, el proyecto de La Libertad Avanza (LLA) lo concibe de manera completamente distinta, defendiendo un Estado mínimo, fiscalmente limitado y con un papel restringido a la seguridad y el orden público.
Un Estado Activo y Garantista
Lucila De Ponti, convencional del PJ, sostiene que las constituciones del siglo XXI deben ir más allá de los derechos enunciados y garantizar su cumplimiento efectivo. Para ella, cada derecho consagrado en la Constitución debe implicar una obligación concreta del Estado.
En cuanto a las empresas públicas, el proyecto de Más para Santa Fe subraya su carácter estratégico, defendiendo la existencia de entidades como la EPE, Aguas Santafesinas y Enerfe. De este modo, se bloquea constitucionalmente la posibilidad de privatizaciones, y se declara su intransferibilidad e inalienabilidad.
Un Estado Subsidiario y Reducción de Funciones
Por el contrario, el proyecto de La Libertad Avanza, encabezado por Nicolás Mayoraz, defiende una visión de un Estado subsidiario, con una intervención mínima y solo en caso de que los privados no puedan asumir una función. En este marco, la privatización de los servicios públicos es vista como la norma, y se plantea que las funciones de control del Estado deben ser ejecutadas por organismos independientes.
El proyecto también rechaza el concepto de solidaridad y progresividad fiscal, aludiendo a que el Estado no debe imponer cargas, sino permitir un pacto tributario claro y predecible.
Choque de Modelos en la Gestión de los Servicios Públicos
Un ejemplo clave de la divergencia se encuentra en el tratamiento de los servicios públicos. Para el PJ, estos son bienes comunes esenciales y una responsabilidad indelegable del Estado. En su proyecto, la privatización de los servicios públicos está prohibida, y se exige el control estatal con participación social.
En cambio, para LLA, la prestación de servicios corresponde principalmente a los particulares, y el Estado solo debe intervenir en caso de que los privados no puedan cumplir con la demanda.
La Brecha entre los Proyectos
El debate también se extiende a otros aspectos clave de la reforma:
- El derecho a la vivienda y el hábitat es considerado derecho fundamental por el PJ, quien propone políticas públicas para promover la cooperación y la regularización dominial de barrios populares. Mientras tanto, el texto de LLA omite estos derechos y rechaza la intervención estatal en estos temas.
- En cuanto a la alimentación, el PJ reconoce la alimentación como un derecho esencial, y promueve la soberanía alimentaria. LLA, por su parte, no menciona este concepto, dejando fuera cualquier regulación pública sobre la producción o distribución de alimentos.
Producción vs. Desregulación
Finalmente, el PJ propone crear empresas públicas para actividades industriales y de crédito, como parte de su proyecto de un Estado productor. Mientras tanto, LLA rechaza el paradigma estatista y apuesta por una desregulación total y la libertad económica.
Un Choque de Modelos Difíciles de Conciliar
La grieta que marca la política nacional se refleja claramente en la discusión sobre la reforma constitucional de Santa Fe. Mientras el PJ defiende un Estado activo y garante de derechos, con una fuerte intervención en la economía y los servicios públicos, La Libertad Avanza aboga por un Estado mínimo, que limite su intervención a lo estrictamente necesario y permita la privatización de lo que pueda ser privatizado.
Este choque de modelos no solo pone en juego el futuro de las empresas públicas y los servicios esenciales, sino también los derechos sociales y económicos de los santafesinos. La dificultad para encontrar puntos de consenso entre ambos enfoques parece ser un desafío difícil de superar.
FUENTE: Rosario3
