Un informe de la UCA advierte que el 35,5% de las infancias sufrió inseguridad alimentaria en 2024. La forma más extrema del fenómeno afectó al 16,5% de niñas, niños y adolescentes.
La inseguridad alimentaria infantil en Argentina llegó en 2024 a niveles históricamente alarmantes: según el último informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (ODS-UCA), el 35,5% de niñas, niños y adolescentes vivió situaciones de inseguridad alimentaria. Esto equivale a 4,3 millones de infancias afectadas.
Dentro de esa cifra, el 16,5% padeció inseguridad alimentaria severa, es decir, no tuvo acceso suficiente a alimentos básicos en cantidad y calidad, el nivel más crítico desde que se realiza la medición.
Un problema estructural agravado por la crisis actual
El informe, titulado “Inseguridad alimentaria en la infancia argentina: un problema estructural observado en la coyuntura actual”, expone una tendencia ascendente entre 2010 y 2024, con picos en 2018, durante la pandemia de 2020 y la crisis socioeconómica del último año.
“La inseguridad alimentaria afecta especialmente a hogares pobres, con jefas o jefes con inserción laboral precaria, familias monoparentales y numerosas”, detalla el estudio coordinado por Ianina Tuñón y Agustín Salvia.
El empleo como factor clave
El informe subraya que la calidad del empleo es el determinante más fuerte para explicar el acceso a la alimentación. La falta de ingresos estables y la informalidad laboral profundizan las carencias alimentarias, especialmente en los hogares con menores a cargo.
- En hogares monoparentales, la inseguridad alimentaria fue 12 puntos más alta que en los biparentales a lo largo de los últimos 14 años.
- Las familias con cinco o más integrantes presentaron los niveles más elevados de inseguridad, con una brecha creciente respecto a los hogares más pequeños.
Una deuda que se profundiza con la infancia
El informe plantea que, si bien la pobreza y la desigualdad son históricas en el país, la inseguridad alimentaria se ha convertido en una expresión concreta y urgente de esa deuda social.
“No se trata solo de ingresos, sino de la capacidad real de garantizar el derecho a la alimentación. Lo que hoy está en juego es el desarrollo físico, emocional y cognitivo de millones de chicos y chicas”, señala el documento.
El contexto político y económico
Los datos se conocen en un contexto de fuerte ajuste del gasto público en políticas sociales, con recortes en comedores, transferencias directas y programas de asistencia alimentaria. La inflación en alimentos y el deterioro del poder adquisitivo agravan aún más la situación en los sectores más vulnerables.
Mientras tanto, el gobierno nacional plantea un modelo de intervención más focalizado y con menor presencia estatal, lo que genera tensiones con movimientos sociales, especialistas y sectores de la Iglesia, que denuncian un retroceso en el cumplimiento de derechos básicos como el acceso a la comida.
Una advertencia desde la academia
Desde la UCA, los investigadores advierten que la inseguridad alimentaria no es una consecuencia inevitable, sino el resultado de decisiones políticas, sociales y económicas.
“Las infancias deben ser prioridad absoluta. Combatir el hambre infantil no es un gasto: es una inversión de Estado que define el futuro del país”, concluye el informe.
