El juez Roman Lanzón rechazó este jueves el pedido del fiscal morento de dictar la la prisión preventiva de los ejecutivos de Vicentín Omar Scarel, Roberto Gazze, Alberto Macua, Miguel Vallaza y Javier Gazze que estaban al mando en 2019 cuando la empresa defaultéo. También rechazó el pedido de uso de tobillera electrónica y la prohibición de abandonar el país para el presidente de la firma en el momento de la cesación de pagos, Daniel Buyatti. En paralelo, les pidió que fijen un seguro de caución de 10 millones de dólares, un 50% más alto, del que habian ofrecido. Ademas, definió que los 14 ex ejecutivos imputados por estafa no puedan salir del país.
Este jueves se retomó la audiencia imputativa, que arrancó el martes, en el Centro de Justicia Penal cuando Moreno imputó a los 14 ejecutivos. Este jueves la audiencia se retomó con la exposición de la defensa de los ejecutivos a cargo del abogado Jorge Ilharrescondo.
En líneas generales, el abogado pidió la prescripción de la acusación de presentación de balances falsos en 2017 y 2018 y de los informes trimestrales a los bancos. “Ya transcurrió el plazo de persecución”, señaló.
También objetó que la imputación del fiscal por estafa no individualiza responsabilidades. «¿Dónde intervino cada uno en la construcción del supuesto ardid?», preguntó.
«Esta imputación, con este rosario de defectos, nunca puede servir de basamento para un pedido de prisión preventiva», concluyó su presentación.
No obstante, a su turno, el fiscal sostuvo que los balances sólo fueron un instrumento para concretar una estafa que no prescribió.
«Vicentin decidió estafar para recomponer su situación económica», sostuvo y repitió el argumento que presentó el martes al imputar a todo el directorio: «La empresa venía a pique y decidió sanear su catástrofe empresarial haciéndosela pagar a bancos y productores».
Y para reforzar la idea de que hubo un ardid (simular una situación de solvencia que no tenían) mostró un video institucional de noviembre de 2019, cuando según los propios números de la empresa la situación era terminal, en la que se muestran como un grupo sólido y diversificado invitando a los productores a enviar sus granos
El fiscal Moreno volvió a repetir que calcula la estafa «en torno a los 600 millones de dólares» y sostuvo que la pena correspondiente para el directorio sería de 50 años.
El ejecutivo que aparece más complicado es Omar Scarel, que en 2019 era el síndico, ya que el fiscal presentó numerosas escuchas telefónicas post concursales en la que conversa con distintos interlocutores cómo acomodar números de las sociedades vinculantes, simular cambios de directorios y hasta adulterar trámites judiciales.
Fuento Rosario3
