La reforma impulsada por el Gobierno de Javier Milei, con el objetivo de formalizar a los trabajadores no registrados, ha dejado fuera a más de un millón de empleadas domésticas y cuidadoras, uno de los sectores más vulnerables de la economía informal.
Abogados laboralistas y referentes del sector afirman que esta exclusión profundiza la precariedad laboral de estas trabajadoras. Carlos Brassesco, apoderado de la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP), criticó la decisión: “El decreto excluye a quienes más necesitan regularización, ignorando una realidad alarmante”.
En Argentina, aproximadamente 1.7 millones de personas trabajan en el servicio doméstico, pero solo 500,000 están formalmente registradas. El Decreto 847/2024, que permite regularizar relaciones laborales hasta el 31 de julio de 2024, excluye a este grupo, que representa más del 70% de los trabajadores en negro, de los cuales el 97% son mujeres.
A pesar de la Ley 26.844 de 2013, que protege los derechos de estas trabajadoras, la falta de inclusión en el actual blanqueo las deja sin opciones de formalización. El Gobierno intentó derogar el artículo 50 de la Ley de Empleo Doméstico, que establece una indemnización agravada por registración deficiente, pero un fallo judicial anuló esa parte del Decreto, generando más incertidumbre.
El blanqueo establecido condona deudas a empleadores que regularicen a sus trabajadores, pero el personal doméstico no puede acceder a estos beneficios. Los que sean regularizados recibirán hasta 60 meses de aportes basados en el Salario Mínimo Vital y Móvil, sin impacto en sus haberes previsionales, lo que ha generado preocupación entre los gremios del sector.
Sonia Kopprio, secretaria general del Sindicato de Empleadas en Casas de Familia de Río Negro y Neuquén, declaró que la exclusión “profundiza la precarización laboral”. Además, las trabajadoras están en plena negociación paritaria, donde exigen un aumento del 12% para el próximo bimestre, en respuesta a la creciente inflación.
