El presidente rechazó los tres proyectos sociales aprobados por el Congreso y los calificó de “fiscalmente irresponsables”.
El presidente Javier Milei oficializó este lunes el veto total a las tres leyes de carácter social que habían sido sancionadas por el Congreso: la que establecía aumentos para jubilaciones, la que reinstauraba la moratoria previsional y la que declaraba la emergencia en discapacidad.
La decisión fue publicada en el Boletín Oficial a través del decreto 534/2025, donde el Poder Ejecutivo argumentó que las iniciativas eran “fiscalmente irresponsables” y violaban la Ley de Administración Financiera por no establecer fuentes de financiamiento genuinas.
“Un costo fiscal exorbitante”
Según los considerandos del decreto, el Gobierno advirtió que los tres proyectos en conjunto implicarían un gasto adicional de más de 7 billones de pesos en 2025 y cerca de 17 billones en 2026, lo que representa aproximadamente el 1% del PBI este año y el 1,68% el próximo.
Desde el Ejecutivo sostienen que semejante impacto “dificultaría el cumplimiento de las metas fiscales” y pondría en riesgo el equilibrio fiscal, al que Milei califica como “innegociable”.
Además, el decreto señala “graves nulidades” en el procedimiento legislativo, denunciando que la sesión del 10 de julio en el Senado se realizó sin citación previa y que los proyectos se habilitaron con mayoría simple cuando se requerían dos tercios, por una supuesta “ilegítima interpretación del Reglamento”.
Qué incluían las leyes vetadas
- Jubilaciones: establecía un aumento de emergencia del 7,2%, la creación de un bono mensual de $110.000 (actualizable) y transferencias a cajas provinciales no transferidas.
- Moratoria previsional: prorrogaba por dos años el Plan de Pago de Deuda Previsional, facilitaba el acceso a la jubilación sin 30 años de aportes, y flexibilizaba los requisitos para la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor).
- Emergencia en discapacidad: declaraba la emergencia nacional hasta 2026, creaba una Pensión No Contributiva por Discapacidad y fijaba una compensación económica para prestadores del sistema.
Qué puede pasar ahora
Tras el veto presidencial, la discusión regresa al Congreso, donde la oposición necesitará reunir dos tercios en ambas cámaras para insistir y convertir los proyectos en ley, superando así la decisión del Ejecutivo.
