El fiscal Gerardo Pollicita citó a indagatoria a varios funcionarios de ANSES por la autorización del plus de seis millones de pesos que percibía Cristina Kirchner en su jubilación de privilegio, correspondiente al beneficio por zona austral. Según la investigación, la expresidenta cobraba ese adicional pese a residir en Recoleta, Ciudad de Buenos Aires, y no en la provincia de Santa Cruz, condición requerida para acceder al beneficio.
En las próximas semanas deberán presentarse ante la Justicia Cristian Villani, director de Gestión Administrativa y Técnica del Área de Diseño de Normas y Procesos de ANSES, y María Alejandra Bergamaschi, exdirectora de la Dirección General de Normas y Procesos del organismo.
Pollicita ya tomó declaración a otros empleados y exempleados de la Anses, aunque las respuestas no fueron concluyentes. El objetivo es esclarecer quiénes son los responsables de la asignación, control y pago de jubilaciones para expresidentes.
En el expediente, que tramita en Comodoro Py, ANSES denunció a Cristina Kirchner por administración fraudulenta, estafa y falsedad ideológica. La exvicepresidenta, por su parte, argumentó que tiene domicilio en Río Gallegos, lugar donde vota, lo que —según su defensa— justificaría el cobro del adicional.
En diciembre, el gobierno de Javier Milei suspendió tanto la jubilación de privilegio como la pensión vitalicia que Cristina Kirchner recibía como viuda de Néstor Kirchner, tras la confirmación de la condena en la Causa Vialidad.
El Ejecutivo sostuvo que la expresidenta cobraba aproximadamente $21.827.624 mensuales netos. Además, remarcó que la jubilación se otorga como asignación graciable según la Ley 24.018, sin carácter previsional ni contributivo, y basada en el honor y mérito del cargo.
La defensa de Cristina Kirchner presentó un recurso de nulidad para frenar la medida, tildándola de “ilegal y autoritaria”. Su abogado alegó que no se le permitió ejercer su derecho a defensa y que la administración violó una ley nacional sin justificación clara.
