La diputada nacional de La Libertad Avanza, Marcela Pagano, presentó un proyecto de ley que permitiría a cualquier abogado matriculado ejercer como escribano público, sin necesidad de cursar una carrera específica ni rendir exámenes corporativos.
El texto, que ya fue girado a la Comisión de Justicia, plantea una desregulación profunda del actual sistema notarial argentino, generando un fuerte debate entre sectores profesionales, usuarios de redes sociales y referentes del ámbito jurídico.
Abogados como escribanos: sin carrera adicional ni cupos
El artículo 1º del proyecto establece que cualquier persona con título de abogado, expedido por una universidad argentina o revalidado según la normativa vigente, quedará automáticamente habilitada para ejercer funciones notariales, sin requerimientos adicionales ni pertenencia obligatoria a colegios específicos.
El artículo 2º agrega que los abogados podrán otorgar instrumentos públicos con valor de fe pública, bajo los mismos estándares técnicos, registrales y de responsabilidad que los escribanos actuales.
Además, el artículo 3º deroga todas las normativas que limiten el ejercicio notarial exclusivamente a quienes poseen el título de escribano, señalando que el de abogado será suficiente como título habilitante.
Fundamentos: “Eliminar privilegios gremiales”
En su fundamentación, Pagano sostiene que el objetivo del proyecto es garantizar el libre ejercicio profesional de los abogados y desarticular estructuras corporativas que, según ella, restringen el acceso a funciones públicas como la fe notarial.
“En gran parte del país, la función notarial está reservada a cupos limitados bajo control exclusivo de colegios notariales”, señala el texto, que denuncia exámenes internos, cargos vitalicios y condiciones restrictivas que impiden a miles de profesionales ejercer.
La propuesta se apoya también en ejemplos internacionales, como Estados Unidos, Canadá o el Reino Unido, donde los abogados pueden cumplir funciones notariales sin pertenecer a un colegio separado.
“Se trata de desbloquear el acceso a una función pública, ampliar la competencia profesional y eliminar privilegios gremiales que distorsionan el mercado de servicios legales”, concluye la diputada libertaria.
Repercusiones: entre el apoyo ciudadano y el rechazo profesional
Las redes sociales se convirtieron en el principal escenario de debate. Muchos usuarios celebraron la iniciativa, señalando los altos costos, el acceso limitado y la estructura cerrada del sistema notarial actual.
“Mi madre y yo no podemos hacer la transferencia de nuestra casa porque no podemos pagar el escribano. ¿Cuál es el sentido de eso?”, expresó una usuaria en X (ex Twitter), reflejando el malestar que despertó un sistema que muchos perciben como inalcanzable y elitista.
Del otro lado, profesionales del ámbito notarial salieron al cruce, defendiendo la preparación específica que requiere su labor y el valor jurídico de su función.
“Ahora apareció este proyecto que pretende que cualquier abogado pueda dar fe sin rendir examen, sin preparación específica. Un disparate jurídico, social y económico”, escribió el usuario “Tu vecino el escribano”.
También advirtieron que la fe pública no puede ejercerse sin formación especializada: “Sin escribano no hay certeza en la propiedad ni en las transferencias. Se trata de una función esencial para una sociedad libre y jurídicamente segura”.
¿Avance o retroceso?
El proyecto de Pagano reabre una discusión de fondo sobre el acceso, la regulación y el rol de los escribanos en la vida civil. Mientras desde algunos sectores lo ven como un intento de democratizar el sistema y bajar los costos para la ciudadanía, desde el notariado alertan sobre una pérdida de garantías legales y profesionalismo.
La iniciativa, en caso de avanzar en el Congreso, promete ser una de las más discutidas del año en materia legal y profesional, con fuerte impacto en el ejercicio del derecho y el acceso a servicios públicos esenciales.