La Provincia ya identificó a 73 responsables —en su mayoría menores— y comenzó el proceso para recuperar los costos de los operativos de seguridad.
El Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, avanza en el proceso de recupero de costos operativos ante las reiteradas amenazas a escuelas, aplicando el protocolo vigente que establece el reclamo económico a los adultos responsables.
Según datos del Ministerio Público de la Acusación, ya fueron identificadas 73 personas vinculadas a estos hechos, de las cuales el 95 % son menores de edad.
En este contexto, la secretaria de Gestión Institucional, Virginia Coudannes, explicó que la decisión fue impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro, con el objetivo de que quienes generan estos episodios asuman las consecuencias.
“No es broma, es un delito”, remarcó la funcionaria, y precisó que cada operativo tiene un costo base de entre 5 y 6 millones de pesos, dependiendo del despliegue de recursos.
Padres deberán responder por los menores
Coudannes fue clara al señalar que, dado que la mayoría de los involucrados son menores, serán sus padres quienes deberán afrontar los costos.
“Esto se sigue investigando y monitoreando. Vamos a sostener todas las políticas educativas, de salud mental y de seguridad para que la escuela vuelva a ser un espacio de contención y aprendizaje”, afirmó.
Más de 400 denuncias en toda la provincia
Desde el MPA informaron que, hasta el 21 de abril, se registraron aproximadamente 404 denuncias por amenazas en establecimientos educativos en todo el territorio provincial.
La distribución por regiones es la siguiente:
- 75 casos en la Fiscalía Regional Nº 1
- 238 casos en la Fiscalía Regional Nº 2
- 33 casos en la Fiscalía Regional Nº 3
- 23 casos en la Fiscalía Regional Nº 4
- 35 casos en la Fiscalía Regional Nº 5
Además, en el marco de las investigaciones se realizaron 11 allanamientos y 16 requisas domiciliarias, con el secuestro de 51 elementos, entre ellos celulares, armas blancas, armas de fuego, pistolas de aire comprimido, cartuchos y municiones.
Un mensaje claro: no son “bromas”
La medida busca enviar una señal contundente frente a un fenómeno que creció en los últimos días y que genera un fuerte impacto en el sistema de seguridad y educativo.
Desde el Gobierno provincial insistieron en que cada falsa amenaza moviliza recursos críticos, afecta el normal funcionamiento de las escuelas y ahora también tendrá consecuencias económicas directas para las familias responsables.
