El fenómeno crece por la viralización en redes y mensajes entre jóvenes. Autoridades insisten en que no es una broma y anticipan consecuencias legales y económicas.
La cantidad de falsas amenazas de ataques a tiros en escuelas volvió a crecer de forma significativa en Santa Fe. Este lunes se registraron 84 casos en una sola jornada, en un contexto donde ya hubo detenciones de adolescentes por este tipo de hechos.
El secretario de Análisis y Gestión de Información del Ministerio de Justicia y Seguridad, Esteban Santantino, advirtió que la situación responde a una “viralización negativa” a través de pintadas, mensajes de WhatsApp y publicaciones en redes sociales.
Costos millonarios y consecuencias legales
Desde el Gobierno provincial fueron claros: cada operativo policial activado por una amenaza tiene un costo estimado de 5 millones de pesos, monto que será reclamado a los responsables.
“No se trata de una broma de adolescentes sino de un delito”, remarcó Santantino, quien explicó que las causas pueden encuadrarse en el delito de intimidación pública, contemplado en el Código Penal.
Además, advirtió que los menores también deberán responder a través de sus responsables legales, lo que amplía el impacto de estas conductas.
Más casos en el norte provincial
En el centro y norte santafesino se sumaron 32 nuevas amenazas en un solo día:
- 10 en la ciudad de Santa Fe
- 5 en Reconquista
- 4 en Avellaneda
El resto se distribuye en otras localidades de la provincia.
Diferencias con el caso de San Cristóbal
El funcionario marcó una clara diferencia entre estas amenazas y el crimen ocurrido semanas atrás en San Cristóbal, donde fue asesinado el estudiante Ian Cabrera, de 13 años.
“Esto es un fenómeno distinto, vinculado a la imitación, que puede parecer ingenua pero no lo es”, explicó.
Redes sociales y rol de las familias
Santantino señaló que uno de los factores clave es la circulación de estos contenidos entre jóvenes y planteó la necesidad de revisar el uso de las redes sociales.
También coincidió con la fiscal general María Cecilia Vranicich en la importancia del abordaje integral del problema.
Desde el Gobierno remarcaron que ninguna amenaza queda sin investigar, aunque destacaron que el enfoque no será solo punitivo.
Comunidad educativa, clave para frenar el problema
Las autoridades sostienen que el trabajo conjunto entre escuelas, familias y estudiantes será determinante para desactivar esta problemática.
“Sería muy positivo ver a los centros de estudiantes involucrarse para que sus pares comprendan la gravedad de esto”, planteó Santantino.
Mientras tanto, la provincia avanza con acciones judiciales y reclamos económicos como medida disuasiva, en un intento por frenar un fenómeno que crece y genera preocupación en toda la comunidad educativa.
