En la audiencia presidida por la Jueza de Instrucción Penal Preparatoria (IPP), Doctora Norma Senn, en la Sala de Audiencias de la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) de Reconquista, se llegó a una decisión crucial. La magistrada resolvió dar curso al pedido formulado tanto por la Fiscalía como por la Municipalidad de Reconquista, resultando en la emisión de una orden de desalojo respecto al inmueble que había sido ocupado clandestinamente por un grupo de ciudadanos.
El Fiscal Doctor Juan Sebastián Marichal había presentado la solicitud de desalojo el pasado 4 de agosto, en relación a la ocupación clandestina de un predio público que había sido ocupado por dicho grupo de personas.
Antes de solicitar la desocupación directamente al juez de la IPP, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) había convocado en dos ocasiones audiencias de mediación. Estas audiencias buscaban propiciar un espacio de diálogo y comunicación entre las partes en conflicto, con el objetivo de llegar a una solución adecuada. Sin embargo, al no haberse logrado un acuerdo durante estas instancias, el representante del MPA, en virtud de los Artículos 205 y 207 del Código Procesal Penal de la Provincia de Santa Fe (CPPSF), solicitó que cese la ocupación ilegal. Esta solicitud se basó en el argumento de que la continuación de la situación no solo iba en contra de las disposiciones legales vigentes, sino que además estaba obstaculizando la realización de obras programadas, respaldadas por pruebas presentadas por el Municipio.
La Municipalidad de Reconquista estuvo representada por el Doctor Andrés Ghio y el Licenciado Nicolás Sandrigo. Los representantes municipales se sumaron a la solicitud del Fiscal, manifestando que la situación actual estaba ocasionando un perjuicio grave. Esto se debía a que no podían avanzar con obras esenciales que ya habían sido contratadas para la urbanización del predio, además de que esta ocupación ilegal estaba obstaculizando el proceso de adjudicación de lotes.
La resolución final de la Jueza de la IPP estableció que, a partir de la fecha y hasta el 18 de agosto de 2023 a las 13 horas, el personal designado por la Unidad Regional de Investigaciones (URIX) debía informar y notificar en el lugar a través de dispositivos amplificadores de voz sobre lo dispuesto. En caso contrario, si no se cumplía con esta notificación, se llevaría a cabo el desalojo después de las 13 horas, con la advertencia de que, si fuera necesario, se recurriría al uso de la fuerza pública.
Fiscal Sebastián Marichal habla sobre la audiencia:
