La Justicia imputó a Joaquín Camilo Carrizo por el asesinato del remisero Juan Carlos Martínez, ocurrido el pasado 5 de abril en la ciudad de Reconquista. El fiscal Juan Carlos Koguc lo señaló como autor del delito de homicidio en criminis causa, una figura que contempla prisión perpetua por tratarse de una muerte cometida para facilitar u ocultar otro delito.
Según la investigación, Carrizo abordó el vehículo en la sede de la empresa Remises Cordial alrededor de las 3:05 de la madrugada. Se ubicó en el asiento trasero y pidió ser trasladado al barrio La Cortada. Mientras transitaban por calle Iriondo hacia el Este, habría atacado al conductor con un cuchillo de 31 centímetros de largo, provocándole dos puñaladas en el cuello. La víctima falleció de forma inmediata por un shock hipovolémico debido a la pérdida masiva de sangre.
El fiscal afirmó que el objetivo del crimen fue robarle el dinero y el celular al remisero, elementos que luego fueron sustraídos. La acusación se sustenta en diversos elementos de prueba: múltiples testimonios, registros fílmicos, actas policiales, allanamientos, el resultado de la autopsia, secuestros de dos cuchillos y del teléfono de la víctima, así como muestras genéticas recogidas bajo las uñas del imputado.
Durante la audiencia imputativa, la defensora pública María Noel Severo no objetó la detención, aunque aclaró que su defendido niega haber cometido el crimen. Además, solicitó que se tenga en cuenta que Carrizo posee certificado de discapacidad por retraso mental moderado, lo que complica su comprensión del proceso judicial.
El juez Santiago Banegas le ofreció la palabra al imputado, pero este optó por no declarar. Luego de escuchar a las partes, el magistrado avaló tanto la detención como la imputación formulada por la Fiscalía.
Antes de cerrar la audiencia, se dispuso un cuarto intermedio para que la defensa pueda conversar en privado con Carrizo. También se fijó una nueva audiencia en la que el fiscal solicitará la prisión preventiva. Finalmente, el juez ordenó que el imputado quede detenido sin plazo determinado y que se conforme una Junta Médica para evaluar su estado de salud mental.
