Abuelas de Plaza de Mayo advirtieron que la medida limita el acceso a pruebas para personas en el exterior que sospechan ser hijos de desaparecidos de la dictadura.
El Gobierno argentino interrumpió el envío de kits de ADN a consulados en el exterior, una herramienta clave para personas que dudan de su identidad y sospechan ser hijos de desaparecidos durante la última dictadura militar. La situación fue denunciada por integrantes de la red europea vinculada a Abuelas de Plaza de Mayo.
Según explicaron, la medida deja sin alternativas a quienes residen fuera del país y no pueden costear un viaje a Argentina para realizarse los estudios genéticos.
Una política sostenida durante dos décadas
El envío de estos kits comenzó hace aproximadamente 20 años y permitía tomar muestras de sangre en consulados argentinos, garantizando la validez judicial de los análisis. La iniciativa fue relanzada en 2021 bajo el programa “Argentina te busca”, que promovía el derecho a la identidad y facilitaba el acceso a estas pruebas en el exterior.
Las extracciones se realizaban en sedes consulares, con supervisión oficial, y las muestras eran enviadas a Argentina mediante valija diplomática.
Críticas desde Europa y falta de respuestas oficiales
Lila Parrondo, psicóloga e integrante de la Red por el Derecho a la Identidad en Madrid, cuestionó el argumento oficial sobre la supuesta imposibilidad de garantizar la cadena de custodia.
“Llevamos desde 2005 mandando muestras y nunca hubo problemas; siempre llegaron bien y tuvieron validez”, afirmó.
Por su parte, Jorge Ithurburu, referente de la organización en Roma, sostuvo que desde la asunción del presidente Javier Milei se interrumpió el diálogo con consulados y no se enviaron nuevos kits fuera de procesos judiciales.
Además, advirtió sobre una presunta desarticulación de áreas clave como la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, encargada de acompañar estos procesos.
Un impacto directo en el derecho a la identidad
La suspensión de este mecanismo implica un obstáculo concreto para quienes buscan conocer su origen biológico, especialmente en casos vinculados a apropiaciones durante la dictadura entre 1976 y 1983.
Hasta el momento, desde Cancillería no hubo una respuesta oficial sobre la denuncia, pese a consultas realizadas por la agencia EFE.
La medida genera preocupación en organismos de derechos humanos, que advierten sobre un posible retroceso en políticas públicas vinculadas a la memoria, la verdad y la identidad.
