La detención de una agente policial reavivó sospechas y acusaciones, pero la búsqueda de explicaciones rápidas puede alejar a la sociedad de la verdad.
La detención de una agente de la Policía acusada de filtrar información sobre los allanamientos en Avellaneda generó conmoción. La noticia se difundió rápido y despertó temores en toda la comunidad.
Es comprensible. Frente a la inseguridad, la sociedad busca responsables inmediatos. Pero acusar sin pruebas es peligroso. Una democracia sólida exige evidencia, no rumores ni versiones cruzadas.
El crimen organizado no depende de una sola persona. Sus estructuras son complejas, con múltiples actores y decisiones. Por eso resulta imposible atribuir a un solo dirigente político la responsabilidad de operativos, zonas liberadas o designaciones policiales.
Influencia política no es lo mismo que responsabilidad. Sí, los legisladores pueden tener capacidad de gestión o recomendación. Sí, pueden ejercer presión política. Pero eso no los hace responsables de cada hecho delictivo que ocurre en su territorio.
La historia argentina demuestra que existen funcionarios y policías que traicionaron su rol. Pero también muestra que convertir sospecha en condena es injusto y contraproducente. Cuando todos son culpables, nadie termina siendo investigado de manera seria.
Frente a hechos complejos como el narcotráfico, la respuesta rápida y la indignación colectiva no alcanzan. Se necesita investigación, inteligencia criminal, decisiones judiciales y políticas sostenidas en el tiempo.
La bronca social busca nombres propios, pero los problemas estructurales no se resuelven con un chivo expiatorio. Señalar culpables sin evidencia solo aumenta la confusión y deja impunes a quienes verdaderamente operan en las sombras.
Editorial por Sergio Raynoldi
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