Con respaldo del oficialismo y aliados, la iniciativa impulsada por el gobierno de Javier Milei redefine la protección ambiental y habilita mayor actividad minera en zonas sensibles.
Luego de una sesión extensa y cargada de tensión, la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley de Glaciares con 137 votos a favor, 111 en contra y tres abstenciones. La jornada estuvo marcada por la presencia de Karina Milei, quien siguió el debate desde uno de los balcones del recinto.
El oficialismo de Javier Milei, junto a bloques aliados, logró así convertir en ley una iniciativa clave que modifica el alcance de la normativa vigente desde 2010.
Cambios clave: más poder a las provincias
El nuevo texto introduce modificaciones sustanciales al régimen de protección de glaciares y áreas periglaciales. Entre los puntos centrales, se establece que las provincias tendrán la potestad de definir las zonas periglaciales en las que podrán desarrollarse actividades productivas, incluida la minería.
Esto implica una flexibilización de las condiciones para la explotación de recursos naturales en territorios cercanos a glaciares, considerados reservas estratégicas de agua dulce.
Un respaldo amplio, con apoyos cruzados
Además de La Libertad Avanza, la iniciativa fue acompañada por bloques como PRO, UCR, Innovación Federal y espacios provinciales. Incluso, el oficialismo logró sumar votos de sectores opositores, como los diputados sanjuaninos de Unión por la Patria.
Las abstenciones correspondieron a legisladores del MID y de La Neuquinidad, mientras que el rechazo estuvo encabezado por la mayoría de Unión por la Patria, la izquierda, la Coalición Cívica y otros espacios.
Argumentos del Gobierno: desarrollo económico
Desde el Ejecutivo sostienen que la reforma es necesaria para impulsar el desarrollo económico, especialmente en un contexto de crecimiento de inversiones en minería, con foco en recursos como litio, cobre y oro.
La modificación busca facilitar proyectos productivos en distintas regiones del país, otorgando mayor autonomía a las provincias para definir su política de explotación.
Fuerte rechazo ambiental
La aprobación generó una inmediata reacción de organizaciones ambientalistas, que advierten sobre los riesgos que implica la flexibilización de la ley.
Entre las principales críticas, señalan que se ponen en peligro reservas clave de agua dulce y que la reforma podría priorizar intereses económicos por sobre el derecho a un ambiente sano, garantizado por la Constitución Nacional.
El debate, lejos de cerrarse con la votación, anticipa un escenario de conflicto entre desarrollo productivo y protección ambiental en los próximos meses.
