Las medidas de reactivación apuntan a una investigación sobre irregularidades en el otorgamiento de pensiones durante gestiones anteriores. Se trata de un posible esquema de corrupción de gran escala.
El Gobierno nacional anunció la suspensión de 110.592 pensiones por invalidez laboral tras concluir que los beneficiarios no cumplían con los requisitos para recibirlas. El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó la noticia este viernes y detalló que la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) detectó que muchas de estas pensiones fueron otorgadas incorrectamente durante gestiones anteriores.
El proceso de auditoría también derivó en la baja de 8.107 beneficios correspondientes a personas fallecidas y 10.038 de titulares que renunciaron voluntariamente.
Irregularidades médicas y posibles fraudes
Entre los casos suspendidos, se encontraron irregularidades médicas sorprendentes, como personas que presentaron los mismos estudios médicos (radiografías o ecocardiogramas) que otros beneficiarios, lo que generó una alerta sobre posibles fraudes. En Tucumán, por ejemplo, se detectaron presentaciones idénticas, lo que llevó a los investigadores a concluir que estas prácticas no eran aisladas.
Además, en Chaco se encontró que una misma radiografía de hombro fue utilizada como prueba para 150 pensiones distintas en gestiones pasadas, lo que aumenta la preocupación sobre el grado de corrupción que pudo haber existido en el proceso de otorgamiento de pensiones.
Un esquema de corrupción de gran escala
Adorni explicó que la investigación apunta a desarticular un posible esquema de corrupción que habría comenzado durante la presidencia de Néstor Kirchner. Según datos oficiales, entre 2003 y 2015, las pensiones por invalidez no contributivas pasaron de 79.000 a 1.045.000, un incremento abrupto que despertó sospechas sobre el proceso de adjudicación.
En la gestión de Mauricio Macri, esa cifra descendió levemente a 1.026.000 pensiones, pero volvió a aumentar a 1.222.000 en diciembre de 2023, bajo la presidencia de Alberto Fernández.
Irregularidades en un 35% de los casos
Según el Gobierno, el 35% de las pensiones otorgadas en los últimos años presentan incompatibilidades. De este porcentaje, un 5% corresponde a personas con bienes o trabajo registrado, y el 30% restante muestra irregularidades médicas, como radiografías de animales que fueron utilizadas como si fueran de personas.
El Gobierno calificó este mecanismo de “perverso”, ya que utilizó a personas con discapacidad para fines ajenos a su beneficio, desviando fondos que debían destinarse a un sector históricamente vulnerable.
Investigación judicial y denuncias
La Justicia ya está investigando los casos detectados, aunque desde la Andis se señaló que en gestiones anteriores no se brindaba información completa de los registros. En paralelo, el fiscal Guillermo Marijuan presentó denuncias contra funcionarios de diversas gestiones y solicitó que otros fiscales investiguen casos similares en varias provincias, donde también se han identificado irregularidades.
