La decisión se enmarca dentro de una serie de reestructuraciones impulsadas por el decreto 462 de julio de 2025, y afecta a empleados del INTA, INV e Inase.
Este viernes, el Ministerio de Economía anunció el pase a disponibilidad de 343 trabajadores pertenecientes a la planta permanente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y el ex Instituto Nacional de Semillas (Inase). La resolución 1240/2025, que regula la decisión, fue publicada en el Boletín Oficial, y responde a una medida adoptada tras la anulación en el Senado del decreto 462 que reestructuraba estas áreas.
Detalles sobre la distribución del personal
Según la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el personal afectado está distribuido de la siguiente manera:
- 286 trabajadores del INTA.
- 49 trabajadores del INV.
- 8 trabajadores del ex Inase.
Contexto de la medida
La decisión está vinculada con las transformaciones y disoluciones de diversos organismos impulsadas por el decreto 462 de julio de 2025, que declaró la emergencia pública en varios sectores y delegó facultades al Ejecutivo para reducir la estructura del Estado y mejorar su funcionamiento. A partir de esta medida, el INTA pasó de ser un organismo descentralizado a uno desconcentrado bajo la Secretaría de Agricultura.
El régimen de disponibilidad
La resolución establece que el personal afectado pasará a un régimen de disponibilidad, un régimen previsto en la ley 25.164 y el decreto 1421 de 2002, que permite que los empleados cuya función sea suprimida por reestructuraciones puedan quedar en disponibilidad hasta por un período de doce meses. La Secretaría de Transformación del Estado regula este procedimiento a través de la Resolución 1/2024.
Justificación de la medida
El decreto 462 de julio pasado, además de la disolución del Inase y la transformación del INV, estableció que el Instituto Nacional de Vitivinicultura y la Dirección Nacional de Semillas pasaran a ser unidades organizativas dependientes de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. La medida también incluyó la modificación de las estructuras organizativas correspondientes a estos organismos.
La normativa justifica la reestructuración por la reducción de dotación necesaria en función de un informe fundado sobre la dotación óptima de personal, lo que permitió aplicar el régimen de disponibilidad.