Uno de los dueños es un productor local y el otro, una sociedad anónima posiblemente vinculada al grupo Vicentín, mientras la Justicia continúa con las diligencias.
La Justicia federal continúa con la causa que investiga la trata laboral de más de 30 personas rescatadas el 5 de septiembre en Pozo Borrado, en un operativo de la Agencia de Trata de Personas de Santa Fe. Los fiscales federales de Rafaela, Federico Grimm y Gustavo Onel, obtuvieron los datos de los propietarios de los campos implicados.
Quiénes son los dueños
Uno de los propietarios es Carlos B., productor agropecuario oriundo de Tostado. El otro es una sociedad anónima llamada “La Isabelina”, cuya composición actual aún se desconoce. Trascendió que podría estar vinculada al grupo Vicentín S.A., según información publicada en el Boletín Oficial de la Nación en julio pasado. La Fiscalía solicitó un nuevo informe para confirmar la identidad de los integrantes de la firma.
Condiciones de explotación
Durante el allanamiento realizado junto a Gendarmería Nacional, se constató que las víctimas dormían en colchones dentro de carpas, trabajaban de lunes a lunes, incluían a dos menores de edad, cobraban 300 mil pesos cada quince días, y se les descontaban las comidas. Además, carecían de agua potable y realizaban sus necesidades fisiológicas en tachos.
Trámite judicial
Actualmente, la Fiscalía aguarda que la Agencia de Trata de Personas culmine con las entrevistas a las víctimas. En base a estos testimonios se determinará si corresponde trata laboral, o si se trata de reducción a la servidumbre, cuya competencia corresponde a la Justicia provincial.
FUENTE: Aire de Santa Fe
