La medida se adoptó luego de agotar instancias de acompañamiento familiar y ante un riesgo persistente, activando el sistema provincial de protección.
En las últimas horas, el Municipio de Avellaneda, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano, intervino en un caso de vulneración de derechos que involucraba a dos niños, lo que derivó en la adopción de una medida de protección excepcional.
La secretaria del área, Marina Orzan, explicó que la intervención se inició a partir de una denuncia, como ocurre en todos los casos, ya sea a través de comisarías, la línea 102 o presentaciones espontáneas de vecinos.
A partir de allí, el equipo interdisciplinario del servicio local —que funciona en la ciudad desde 2013— comenzó un seguimiento territorial del grupo familiar, con el objetivo de garantizar la permanencia de los niños en su entorno, tal como lo establece la normativa vigente.
Cuando las medidas no alcanzan
Orzán detalló que, en primera instancia, se aplican medidas integrales, que implican acompañamiento, contención y trabajo conjunto con la familia y distintas instituciones.
Sin embargo, en este caso, los riesgos persistieron pese a las intervenciones, lo que obligó a escalar la situación al segundo nivel del sistema, es decir, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.
Fue este organismo el que finalmente resolvió la separación transitoria de los niños de su grupo familiar, una medida excepcional que se aplica solo cuando está comprometida su integridad.
El rol clave de la comunidad
Desde el Municipio remarcaron la importancia de la participación social en la detección de estos casos. “La escuela, los centros de salud y los vecinos son fundamentales, son los ojos del sistema”, destacó la funcionaria.
En ese sentido, se recordó que la línea 102 es gratuita y permite realizar denuncias anónimas, activando de manera inmediata el protocolo de intervención.
Un sistema que busca proteger
La funcionaria subrayó que estas medidas son temporales y sujetas a evaluación, con plazos que pueden extenderse según la evolución del caso y el trabajo con la familia.
Finalmente, se insistió en que el objetivo central siempre es restituir los derechos vulnerados y garantizar el bienestar de los niños, priorizando su desarrollo integral y su seguridad.
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