Más de 15.000 usuarios dados de baja por irregularidades en el acceso al beneficio, que ahora enfrentan consecuencias administrativas y judiciales.
La Empresa Provincial de la Energía (EPE) informó que dio de baja a más de 15.000 usuarios que se beneficiaban de la tarifa social debido a irregularidades detectadas en su acceso. La presidenta de la EPE, Anahí Rodríguez, anunció que, además de la suspensión del beneficio, se procederá con denuncias penales ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA).
“Hemos cortado el beneficio de la tarifa social y tomamos la decisión, al inicio de nuestra gestión, de denunciar cada irregularidad”, declaró Rodríguez. Según la funcionaria, la empresa estatal trabaja con el área jurídica para llevar adelante los procesos judiciales correspondientes.
Casos insólitos y fraude sistemático
El fraude fue descubierto mediante una revisión exhaustiva que detectó situaciones insólitas. Entre los casos más sorprendentes, se hallaron usuarios fallecidos, propiedades de lujo, locales comerciales y viviendas en barrios de alto poder adquisitivo que seguían accediendo al beneficio. “La tarifa social tiene como objetivo garantizar el acceso a la energía eléctrica a hogares de bajos ingresos”, explicó Rodríguez. Por esta razón, los controles buscan eficiencia en la asignación de recursos públicos y asegurar que no se financien abusos.
Acceso fraudulento al subsidio
Los usuarios que cometieron fraude lograron acceder al beneficio mediante declaraciones apócrifas y datos falsos en las declaraciones juradas que permitieron el subsidio, a pesar de no cumplir con los requisitos establecidos.
Rodríguez detalló que el control lleva 18 meses y que, en los últimos meses, se intensificaron las investigaciones en torno a la tarifa social debido a las sospechas sobre abusos.
Consecuencias judiciales
El accionar del gobierno provincial implica que los usuarios sospechosos de fraude no solo perderán el beneficio de la tarifa social, sino que podrían enfrentar consecuencias judiciales. “No vamos a vacilar en las decisiones administrativas o judiciales que tengamos que llevar adelante”, aseguró la presidenta de la EPE.
