La provincia se suma al esquema nacional que amplía herramientas para investigar organizaciones criminales, con mayor coordinación entre la Justicia y endurecimiento de penas.
La provincia de Santa Fe dio un paso institucional relevante en materia de seguridad: el Senado sancionó de manera definitiva la adhesión a la Ley Nacional 27.786, conocida como “ley antimafias”.
El proyecto, impulsado por la diputada Ximena Sola, había obtenido media sanción en julio de 2025 y finalmente fue aprobado por unanimidad en la Cámara Alta. Con este aval, la provincia se incorpora a un esquema legal que apunta a reforzar la respuesta frente a delitos complejos y organizaciones criminales.
Qué herramientas incorpora la ley
La normativa define a las organizaciones criminales como grupos de tres o más personas que actúan coordinadamente para cometer delitos graves.
Entre las principales herramientas que se habilitan, se destacan:
- Detenciones con plazos extendidos en casos excepcionales
- Intervención de comunicaciones con orden judicial
- Allanamientos en zonas específicas vinculadas a investigaciones
- Inmovilización de activos sospechosos
- Decomiso anticipado de bienes sin condena firme
Uno de los puntos más relevantes es la posibilidad de declarar “zonas sujetas a investigación especial”, lo que permite abordar fenómenos delictivos complejos con un esquema coordinado entre distintos niveles del Estado.
Un enfoque más duro contra las organizaciones
La ley introduce cambios clave en el Código Penal al sancionar la participación en organizaciones criminales, con penas que van de 8 a 20 años de prisión.
Además, establece que los integrantes pueden recibir la pena del delito más grave cometido por el grupo y elimina la posibilidad de aplicar juicio abreviado en estos casos, lo que implica un endurecimiento del sistema penal.
Más coordinación entre Nación y provincia
La adhesión también fortalece la articulación entre la Justicia provincial, la Justicia federal y las fuerzas de seguridad.
Se prevé la conformación de equipos conjuntos de investigación y la posibilidad de que ciertas causas pasen a la órbita federal cuando la complejidad lo requiera, buscando superar límites jurisdiccionales en la persecución del delito organizado.
El respaldo del Gobierno provincial
Desde el Gobierno de Santa Fe destacaron que la adhesión permitirá endurecer la lucha contra el crimen organizado y consolidar un esquema más eficaz.
En ese sentido, remarcaron que se trata de un cambio de paradigma: pasar de un sistema que resultaba insuficiente a otro con mayor capacidad de intervención, coordinación y respuesta frente a estructuras delictivas complejas.
