Editorial por Sergio Raynoldi
Cientos de organismos eliminados, miles de despidos, derechos vulnerados y una sociedad que aún no reacciona. El modelo libertario avanza rompiendo las bases de la democracia sin encontrar freno institucional ni popular.
La República Argentina atraviesa un momento crítico. La violencia verbal desde el poder, la eliminación de organismos esenciales del Estado y el vaciamiento de políticas públicas no son hechos aislados, sino piezas de una maquinaria que avanza, día tras día, sobre los pilares de la democracia.
Hoy, todo aquel que no piensa como el Gobierno es despreciado públicamente. Se descalifica, se insulta, se margina. No hay espacio para el disenso. Y lo más preocupante: el pueblo calla. Un silencio atronador que apenas empieza a resquebrajarse por debajo de la superficie. Pero es ese mismo pueblo el que deberá encontrar su voz en las urnas, en las elecciones legislativas que se aproximan. Porque si no, el costo será más alto de lo que imaginamos.
El Estado como enemigo: una estrategia destructiva
La concepción del Estado como garante de derechos y organizador de la vida social está siendo despedazada a propósito. No por error. No por torpeza. Por decisión política deliberada.
Desde que Javier Milei asumió la presidencia, más de 40 organismos han sido eliminados o transformados, entre ellos el INADI, Vialidad Nacional, el Instituto Nacional del Cáncer, el Banco Nacional de Datos Genéticos, el Ministerio de Infraestructura, la Agencia de Seguridad Vial, la ARICCAME, el INTI, el INTA y el INASE, por nombrar algunos.
Todo esto bajo la premisa de “achicar el Estado”, sin medir consecuencias sociales ni ofrecer reemplazos eficaces. Casi 43.000 despidos, vaciamiento de programas esenciales, parálisis en salud, ciencia, derechos humanos, y abandono de políticas federales.
¿Qué quedó de la Constitución que juraron respetar? ¿Dónde está el Congreso que debe poner freno a estos atropellos?
La responsabilidad de los ciudadanos
El Estado democrático no es una concesión del poder: es una conquista del pueblo. Y si ese pueblo calla, consiente.
Porque el Estado no es una entelequia lejana: es quien debe garantizar educación, salud, justicia, seguridad, inclusión y desarrollo. Y cuando eso se desmantela, los más afectados no son los políticos ni los funcionarios, sino los millones que dependen del sistema público para sobrevivir.
No hay Instituto Nacional del Cáncer, no hay medicación para enfermedades crónicas, no hay infraestructura para obras sanitarias. Hay cada vez menos empleo, más apertura indiscriminada a las importaciones y un ataque constante al federalismo.
Y sin embargo, el argentino promedio mira, comenta, se indigna, pero no actúa.
¿Hasta cuándo el silencio?
La pregunta no es retórica: ¿cuál es el límite? ¿Cuándo vamos a dejar de mirar para otro lado y empezar a defender lo que nos pertenece?
Muchos no quieren volver al pasado. Y es entendible. Pero el presente tampoco ofrece dignidad ni justicia. Quedarse paralizados no es neutralidad: es complicidad.
El Congreso Nacional sigue siendo una herramienta válida para frenar el autoritarismo. La elección legislativa que viene puede ser ese punto de inflexión. No importa si no se quiere votar a los partidos tradicionales: hay nuevas opciones, candidatos serios, propuestas federales.
Pero lo que no podemos permitirnos es la resignación.
Porque lo que hoy se destruye en nombre de la eficiencia, costará décadas reconstruirlo. Y quizás cuando queramos hacerlo, ya sea tarde para demasiados.
