El Gobierno nacional oficializó la Ley 27.801 mediante decreto publicado en el Boletín Oficial. La norma establece un nuevo sistema penal para adolescentes.
El Gobierno de Javier Milei promulgó el nuevo Régimen Penal Juvenil, establecido mediante la Ley 27.801, a través del Decreto 138/2026 publicado en el Boletín Oficial durante la madrugada de este lunes.
La principal modificación que introduce la normativa es la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, junto con la creación de un sistema de penas graduadas que tiene en cuenta la edad del menor y el contexto del delito.
Cómo fue la votación en el Senado
La iniciativa había sido aprobada por el Senado de la Nación el 27 de febrero, con 44 votos a favor y 27 en contra, tras un extenso debate parlamentario.
Con ese resultado, el oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) logró sancionar una de las reformas impulsadas por el Ejecutivo en materia de seguridad y justicia penal juvenil.
El nuevo régimen reemplaza la normativa vigente desde 1980 y establece un marco legal específico para adolescentes de entre 14 y 18 años que cometan delitos previstos en el Código Penal.
Penas diferenciadas y enfoque socioeducativo
La ley contempla sanciones diferenciadas respecto del sistema penal de adultos. Para delitos menores se prevén medidas alternativas a la prisión, como amonestaciones, restricciones de contacto con la víctima, prohibiciones de concurrir a determinados lugares o trabajo comunitario, entre otras.
En los casos más graves, la norma habilita penas privativas de libertad, que deberán cumplirse en instituciones especiales para adolescentes, con un máximo de 15 años de prisión y sin posibilidad de condena perpetua.
El cambio tras la negociación política
Originalmente, el proyecto impulsado por el oficialismo proponía bajar la edad de imputabilidad a 13 años. Sin embargo, durante las negociaciones parlamentarias el Ejecutivo aceptó elevar el piso a 14 años para lograr consenso político.
Ese cambio permitió asegurar el respaldo de bloques aliados como PRO y la UCR, que consideraban que ese límite representaba un punto de equilibrio y se alineaba con la legislación de varios países de la región.
En América Latina, varios países establecen edades de imputabilidad similares: Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Venezuela y República Dominicana fijan el límite en 14 años, mientras que Brasil, Ecuador, Costa Rica, El Salvador y Panamá lo establecen en 12 años, con sistemas que priorizan medidas socioeducativas para la reinserción de los jóvenes.
